Grupo México, conglomerado dedicado a la minería, el transporte ferroviario y la infraestructura, presidido por el multimillonario Germán Larrea Mota-Velasco, acumula desde finales de la década de 1990 una larga lista de episodios controversiales, que van desde desastres ambientales, accidentes de trenes y catástrofes mineras hasta conflictos laborales, algunos de ellos no sólo en territorio mexicano, sino también en Estados Unidos y Perú, de acuerdo con información pública.
Esto no ha hecho mella en su rentabilidad: en el segundo trimestre Grupo México reportó una utilidad neta de 2 mil 93 millones de dólares, 90.9 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. Además, al cierre de julio pasado el valor de mercado del conglomerado se había disparado en casi 700 mil millones de pesos (73 por ciento), al alcanzar una capitalización de un billón 630 mil millones de pesos, según informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores.
Entre sus principales subsidiarias y filiales están Americas Mining Corporation, Southern Copper Corporation, Asarco (American Smelting and Refining Company), Minera Los Frailes, Ferrosur, Ferromex, Controladora de Infraestructura Petrolera México, México Compañía Constructora y Controladora de Infraestructura Energética México, entre otras sociedades de sus divisiones de minería, transportes e infraestructura.
El evento más mortífero relacionado con Grupo México ocurrió el 19 de febrero de 2006, cuando una explosión de gas metano en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, dejó atrapados a 65 de los 73 trabajadores del turno. La unidad ya tenía un historial de incumplimientos de medidas de seguridad y, en la última inspección previa al desastre se documentaron 43 violaciones y se ordenaron 48 medidas correctivas.
Grupo México suspendió labores y sostuvo que no había posibilidades de supervivencia. En los años posteriores fueron recuperados dos cuerpos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en 2020 un plan para reanudar el rescate de restos; los trabajos comenzaron posteriormente y los primeros hallazgos ocurrieron en 2024. A julio de 2026 habían sido recuperados 36 cuerpos, 31 ya habían sido identificados y 28 entregados a sus familias.
En Buenavista del Cobre, Cananea, un accidente ocurrido el 24 de octubre de 2025 dejó dos trabajadores muertos: Roberto Alonso Gil Navarro y Manuel Reyes Moroyoqui. Grupo México confirmó los decesos, pero no precisó públicamente las causas; las autoridades iniciaron las investigaciones.
Otro accidente ocurrió el 12 de febrero de 2014 en la mina Charcas, en San Luis Potosí, donde cinco trabajadores murieron después de que ocho toneladas de cables y otros materiales cayeran sobre ellos. Tras el accidente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impuso a la empresa una multa de 13.4 millones de pesos.
Desastre inédito
El mayor desastre ambiental atribuido a Grupo México ocurrió el 6 de agosto de 2014 en Buenavista del Cobre. Una falla en el sistema de conducción de la presa Tinajas provocó el derrame de unos 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, que alcanzaron el arroyo Tinajas y los ríos Bacanuchi y Sonora. Lo vertido recorrió unos 271 kilómetros y afectó a cerca de 22 mil habitantes de ocho municipios. En 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales calificó este suceso como “el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México”.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó decenas de irregularidades administrativas y ambientales en Buenavista del Cobre, entre ellas la falta de actualización de su licencia ambiental única. En marzo de 2015 informó primero de 55 anomalías y multas por 22.9 millones de pesos; posteriormente confirmó el pago de 23.5 millones por 50 faltas.
En 2023, un diagnóstico solicitado por la Semarnat reportó contaminación persistente de agua, aire, flora y fauna, así como presencia de metales pesados por encima de la norma.
En julio de 2019, unos 3 mil litros de ácido sulfúrico fueron vertidos al Mar de Cortés desde la terminal marítima de Guaymas, operada por Metalúrgica de Cobre, subsidiaria de Grupo México. La empresa atribuyó la fuga a una falla en una válvula durante pruebas para cargar un barco.
El episodio más reciente ocurrió la madrugada del 26 de julio pasado, cuando varios vagones de un tren de Ferromex descarrilaron en las inmediaciones del rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora. Se derramaron 70 mil 300 litros de hidrosulfuro de sodio, que alcanzaron un arroyo. La dependencia ordenó medidas de contención y señaló que Ferromex deberá asumir la remediación ambiental. La empresa atribuyó el descarrilamiento a un deslave provocado por lluvias.
En Zacatecas, la Unidad Minera San Martín, en Sombrerete, fue señalada en mayo de 2019 por el vertimiento de unos 20 mil litros de agua con sedimentos hacia suelo natural tras una falla durante pruebas de mantenimiento. Reportes posteriores señalaron la presencia de cianuro, sulfato de cobre y sulfato de zinc en los sedimentos.
El 6 de agosto de 2025 una locomotora de Ferromex se separó de un convoy e impactó tres vehículos y una motocicleta en dos cruces de Irapuato, Guanajuato. El accidente dejó seis muertos y dos heridos.
En materia laboral, el conflicto de la mina de Cananea se remonta a 2004, cuando trabajadores reclamaron un pago equivalente a 5 por ciento de las acciones que, según el sindicato, les correspondían tras la privatización. La huelga, que se prolongó más de 18 años, comenzó el 30 de julio de 2007. Ese año, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inicialmente inexistentes las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete a petición de las empresas.
El conflicto concluyó formalmente en diciembre de 2025 con el Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social para Cananea. El acuerdo comprometió 2 mil 222.6 millones de pesos, con aportaciones de Grupo México, los gobiernos federal y estatal y recursos depositados previamente por la empresa.
Estados Unidos y Perú
Grupo México adquirió el control de Asarco en 1999. En el proceso de bancarrota, en 2009, se acordó un pago de mil 790 millones de dólares para financiar labores de limpieza y restauración en más de 80 sitios contaminados por Asarco en 19 estados. Además, se registraron más de 120 infracciones federales relacionadas con medio ambiente, salud y seguridad en instalaciones de Arizona y Texas desde el año 2000.
En Perú, Southern Copper Corporation, controlada por Grupo México mediante Americas Mining Corporation, opera los complejos mineros de Toquepala y Cuajone y las instalaciones metalúrgicas de Ilo. En enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental solicitó dos años y seis meses de prisión y una reparación de un millón de dólares para Óscar González Rocha, entonces presidente ejecutivo de Southern Peru, por un presunto delito de contaminación ambiental relacionado con emisiones y derrames de arsénico en Ilo.
La oposición al proyecto Tía María, en el valle de Tambo, Arequipa, provocó protestas y enfrentamientos en 2011 y 2015. Se reportaron cuatro personas muertas y 20 heridas de bala durante los conflictos.
Otros incidentes a lo largo de estos 30 años son el descarrilamiento de un cargamento de ácido sulfúrico en Nogales, Sonora (2014), la ruptura de la presa de jales en Bolaños, Jalisco (2010), la volcadura de un carro tanque en La Caridad, Nacozari de García (2016), descarrilamientos en Aguascalientes (2026) y Apaxco, estado de México; el cierre de la fundidora de El Paso, Texas (1999); la demanda de Asarco contra Americas Mining Corporation por transferencia fraudulenta de activos (2008) y el intento de reapertura de la fundición de Hayden, Arizona (2024).
