Mientras que AMLO llevó la militarización de la seguridad pública a su pico más alto desde al menos 2007, con más de 100 mil soldados en las calles, las cifras actuales evidencian que la política de seguridad con Claudia Sheinbaum se ha apuntalado en las instituciones civiles. Sinaloa y Michoacán, los estados que concentran la atención militar
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Contrario a lo que ocurrió en el sexenio del presidente López Obrador, cuando los militares formaron parte esencial de su estrategia de seguridad, las estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) evidencian que en la nueva administración federal gran parte de los elementos castrenses desplegados para labores de seguridad han regresado a sus cuarteles.
De acuerdo con cifras de la Sedena, entregadas a un ciudadano vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a partir de 2025 la dependencia disminuyó 66% el número militares desplegados a lo largo del país (66 mil 66 efectivos) para tareas de seguridad pública: en 2024 había 100 mil 226 soldados en las calles, y para 2025 la cifra cayó a 34 mil 160.
Ese contraste a partir de la llegada de Sheinbaum a la Presidencia se vio reflejado desde que la mandataria presentó su estrategia de seguridad, pues entre los puntos clave de su plan estaba el fortalecimiento de la inteligencia e investigación (dando más peso al trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana). Asimismo la mandataria dijo que respaldaría la consolidación de la Guardia Nacional (a cargo de la Sedena).
“No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales (…) Nosotros ¿qué vamos a usar?, prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes”, dijo la Sheinbaum el 8 de octubre de 2024, una semana después de su asunción.
Además de la disminución de elementos militares desplegados en las 32 entidades federativas, el Ejército –que opera bajo instrucciones directas de la presidenta– comenzó a concentrar sus esfuerzos en zonas de alto riesgo de seguridad y de atención prioritaria.
La Sedena centró sus despliegues militares en un estado en particular: Sinaloa. Ahí, hasta febrero de 2026, el Ejército tenía desplegados 11 mil 53 elementos para combatir la “narcopandemia” que se originó por la disputa criminal entre las facciones del Cártel de Sinaloa tras la caída de su fundador Ismael el Mayo’ Zambada, en agosto de 2024.
Fuera de Sinaloa, otros estados que este año recibieron atención prioritaria con refuerzos militares son Michoacán, región clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que ha resentido las actividades criminales en la producción agrícola debido a extorsiones y homicidios contra líderes productores de limón. Ahí, la Sedena tenía colocados dos mil 743 militares para febrero de este año, cuando la institución entregó la información vía transparencia.
Otras entidades con prioridad para la atención castrense son Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero y Coahuila. En contraste, el Ejército ha dejado completamente libre de despliegue militar entidades como la Ciudad de México e Hidalgo.
La situación es contrastante principalmente con el sexenio anterior. Con López Obrador no sólo llegó el pico más alto de militares en las calles haciendo labores de seguridad pública, con 100 mil 226 en 2023 y 2024, sino que promedió a lo largo de sus seis años de gobierno más de 84 mil soldados en las calles.
La misma Defensa Nacional, en su respuesta al requerimiento de la ciudadanía, deja claro para qué tiene en las calles a sus elementos:
“Realizan actividades para defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mediante la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, así como labores para reducir los índices de violencia en el país, en las cuales se incluye la seguridad a instalaciones estratégicas”, responde la dependencia a la solicitud con folio 340026400064926.
No obstante, la institución castrense aclara que también pueden auxiliar a labores de rescate y protección del medio ambiente y recursos naturales e incluso en temas administrativos como el Servicio Militar o aplicación del Plan DN-III en casos de desastres naturales.
