México enfrenta nueva presión por el agua del Río Colorado ante los recortes de EU
Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– México enfrenta una nueva presión sobre uno de sus principales suministros de agua en el norte del país. La crisis del río Colorado, agravada por más de dos décadas de sequía, el aumento de las temperaturas y la sobreexplotación, ha llevado a Estados Unidos a preparar un nuevo esquema de operación que contempla fuertes recortes en el uso del agua durante la próxima década, mientras ambos países negocian por separado cuánto líquido podrá seguir recibiendo territorio mexicano a partir de 2027.
El escenario es especialmente delicado para Baja California y el Valle de Mexicali, cuya agricultura y abastecimiento dependen en buena medida del Colorado. Para 2026, México recibió una asignación inicial de mil 668.4 millones de metros cúbicos, después de una reducción de 62 millones de metros cúbicos; además, el país ya participa en medidas adicionales de ahorro y conservación acordadas con Estados Unidos mediante las Actas 323 y 330 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
La presión aumentará porque las reglas actuales que regulan el sistema expiran al finalizar 2026. El Gobierno estadounidense presentó el 31 de julio un plan que permitiría imponer reducciones severas a Arizona, California y Nevada durante los años más secos, incluso con descargas desde el lago Powell inferiores a la mitad de los volúmenes habituales. México no está incluido directamente en esos recortes, pero su cuota se negocia en un proceso binacional paralelo y depende del mismo sistema de embalses que atraviesa uno de sus peores momentos históricos.
La situación de los lagos Mead y Powell explica la urgencia. El almacenamiento conjunto ha caído a niveles no vistos desde 1957 y las proyecciones federales advierten que Powell podría alcanzar en los próximos meses un punto crítico, incluso por debajo del nivel necesario para generar energía hidroeléctrica en la presa Glen Canyon.
Para México, el problema ya no es únicamente cuánto agua le corresponde conforme al Tratado de 1944, sino cuánto podrá entregar realmente un río cuyo caudal se ha reducido de manera sostenida. Mientras los siete estados estadounidenses de la cuenca disputan quién debe asumir los mayores sacrificios, el Gobierno mexicano tendrá que negociar su propio régimen posterior a 2026 y definir cuánto del ajuste recaerá sobre las ciudades, los agricultores y el Distrito de Riego 014 del Valle de Mexicali.
El plan presentado por la Administración de Donald Trump busca destrabar el conflicto entre los siete estados que dependen del río Colorado, pero también abre la puerta a nuevas disputas legales. La propuesta federal plantea recortes drásticos para Arizona, California y Nevada, los estados de la cuenca baja, mientras no contempla reducciones obligatorias para Colorado, Utah, Wyoming y Nuevo México, que conforman la cuenca alta.
La decisión llega después de años de negociaciones infructuosas entre los estados, que no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo repartir los sacrificios derivados de la reducción del caudal. El Gobierno estadounidense asumió así la decisión ante la expiración, a finales de este año, de las reglas vigentes que durante décadas han regulado el uso del agua del Colorado.
La propuesta ha provocado preocupación particularmente en Arizona. Tom Buschatzke, principal negociador de ese estado en los asuntos relacionados con el río Colorado, advirtió que el plan podría tener “impactos draconianos” sobre su territorio y economía, debido a que Arizona cuenta con algunos de los derechos de agua de menor prioridad dentro de un sistema cuyos derechos comenzaron a establecerse hace aproximadamente 150 años.
“Es inaceptable”, afirmó Buschatzke.
Las autoridades de Arizona incluso han señalado que se preparan para defender sus derechos hídricos ante los tribunales. El conflicto podría escalar hasta la Suprema Corte de Estados Unidos, en un proceso que amenaza con prolongar durante años la disputa entre los estados de la cuenca.
La alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, también cuestionó la propuesta. “Phoenix ha dedicado décadas a planificar un momento como este y está preparada para utilizar menos agua del río Colorado, pero es un error imponer una carga desproporcionada a Arizona”, sostuvo.
El plan federal, sin embargo, todavía deja sin definir algunos elementos centrales, como los detalles sobre el uso del agua durante los próximos dos años y las cantidades específicas que podrían liberarse bajo distintas condiciones hidrológicas. Sarah Porter, directora del Centro Kyl para la Política del Agua de la Universidad Estatal de Arizona, consideró que el documento ofrece mayor claridad sobre lo que podría ocurrir, aunque no representa necesariamente la decisión definitiva.
“Es una declaración de la agencia sobre lo que cree que está facultada para hacer. No es necesariamente la última palabra”, dijo Porter.
La Oficina de Recuperación del Departamento del Interior, encargada de supervisar los recursos hídricos en el oeste de Estados Unidos, deberá publicar más detalles en las próximas semanas. La dependencia también ha dejado abierta la posibilidad de abandonar el plan si los siete estados alcanzan un acuerdo alternativo.
El problema es que las condiciones del río se han deteriorado mientras las negociaciones se prolongan. Dos décadas de sequía han reducido la capa de nieve invernal, una de las principales fuentes de caudal del Colorado, mientras el aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático ha incrementado las pérdidas de agua por evaporación.
El Secretario del Interior, Doug Burgum, defendió la propuesta al señalar que ofrece “la flexibilidad necesaria para responder a las cambiantes condiciones hidrológicas” y que el Gobierno federal tiene la responsabilidad de mantener un sistema del río Colorado fiable y resiliente para las comunidades y sectores económicos que dependen de él.
El río Colorado abastece de agua potable a decenas de millones de personas y permite el riego de unos 5.5 millones de acres de tierras agrícolas. También existen derechos sobre sus aguas para alrededor de dos docenas de tribus indígenas. México, por su parte, recibe una parte del caudal del río, aunque las negociaciones sobre la cantidad que obtendrá después de 2026 avanzan por una vía separada entre ambos países.
Uno de los puntos más delicados del plan son las posibles liberaciones desde el lago Powell, el segundo embalse más grande de Estados Unidos y el punto que divide las cuencas alta y baja. En los años de mayor sequía, las descargas podrían reducirse en más de la mitad. Arizona, California y Nevada dependen de esas liberaciones y del agua almacenada posteriormente en el lago Mead para abastecer a sus ciudades y sostener la agricultura.
Los niveles mínimos planteados podrían incluso provocar que los estados de la cuenca baja recurran a los tribunales con base en el Pacto del Río Colorado de 1922, un acuerdo interestatal fundamental para determinar la distribución del agua. La amenaza de una demanda ha estado presente durante las negociaciones conforme el caudal disponible se ha reducido.
Aunque los estados ya se habían comprometido a realizar importantes reducciones en el consumo de agua durante los próximos años, la propuesta federal contempla ajustes adicionales durante una década. El Gobierno también plantea revisar las reglas cada dos años, con la posibilidad de que los estados vuelvan a negociar entre sí. La medida busca incentivar un acuerdo, pero también podría alimentar nuevas tensiones.
La gravedad del escenario quedó reflejada en el almacenamiento conjunto de los lagos Powell y Mead, que cayó a su nivel más bajo desde 1957, cuando la presa Glen Canyon todavía se encontraba en construcción. Las proyecciones federales anticipan además que Powell podría alcanzar un nivel crítico para marzo y descender por debajo del umbral necesario para generar electricidad en la presa Glen Canyon.
El deterioro de los embalses coloca así a México ante un escenario en el que la negociación sobre su suministro de agua no dependerá solamente de las reglas establecidas en el Tratado de 1944, sino de la capacidad física de un sistema cada vez más presionado. Mientras Estados Unidos define cómo repartir los recortes entre sus estados, México deberá resolver por separado cuánto podrá recibir del Colorado y cómo absorberá las consecuencias de una crisis hídrica que ya dejó de ser únicamente estadounidense.
