Esposo de funcionaria propuesta como representante de la SSPC en Washington deporta migrantes

WASHINGTON (Proceso).– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, propone a Lila Abed como representante de esta dependencia gubernamental en la Embajada de México en la capital estadunidense. Se trata de una priista de cepa, esposa de Andrew Lloyd, quien trabaja con una empresa que lucra con la deportación de indocumentados.

Lloyd es jefe del Departamento de Contratos de la firma Salus Worldwide Solutions (SWS), cuya sede se encuentra en Arlington, Virginia, y quien ha fungido en varios puestos de nivel medio en el Departamento de Estado.

SWS le pertenece a William Walters, quien en 2025 obtuvo un contrato millonario con la presidencia de Donald Trump para encargarse de ejecutar el programa de autodeportaciones de inmigrantes indocumentados de México y de otras naciones.

Desde el año pasado la Casa Blanca promueve el programa de autodeportaciones que ofrece gratuitamente transporte aéreo o terrestre  a los indocumentados para que se vayan a sus países de origen, además de una compensación que se inició en mil dólares y que actualmente puede ser de hasta dos mil 600 dólares.

Si no se autodeportan, Trump recuerda y amenaza a los indocumentados con perseguirlos como a criminales sin importar los años que lleven viviendo y trabajando de manera irregular en Estados Unidos, ni si tienen hijos, nietos u otros familiares que por nacimiento o naturalización sean ciudadanos estadunidenses.

Bajo la dirección del Departamento de Seguridad Interior (DHS), la firma en la que trabaja el esposo de la elegida por García Harfuch, para representar a la SSPC en la Embajada mexicana, tiene la responsabilidad de coordinar los vuelos y otros medios de transporte de manera gratuita y la entrega del dinero a quienes deciden autodeportarse.

De acuerdo con la página oficial del gobierno de Trump  (USASPENDING.gov), el contrato asignado a la firma en la que Lloyd es el encargado de los convenios comenzó a ejecutarse en mayo de 2025, culminará en noviembre de este año y puede alcanzar la cifra de 706.6 millones de dólares de los que ya le pagaron 406.1 millones.

En la página oficial del gobierno de Trump se explica que SWS ofrece los servicios al DHS para la autodeportación de indocumentados de transporte, viajes y reubicación.

“El propósito de estos requerimientos es para obtener un respaldo integral en las operaciones de remoción (de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos a sus países de origen u otros) y de servicios de apoyo la oficina de estrategia, política y planes (del DHS)”, se lee en la página oficial del gobierno estadunidense sobre el contrato con la firma SWS.

Los datos oficiales que ofrece el DHS sobre el número de inmigrantes indocumentados que han optado por autodeportarse de Estados Unidos, sostienen que desde enero de 2025 a la fecha lo han hecho más de dos millones de personas y que hay decenas de miles en proceso.

El gobierno de Trump presume que mediante el programa de autodeportación, cuyos requisitos se pueden leer en español y en inglés en la página oficial del DHS, ha pagado entre un millón 900 mil y dos millones 200 mil dólares en total a todas las personas que se han ido voluntariamente.

En su segunda presidencia, Trump tiene como uno de sus objetivos primordiales el deportar a un millón de indocumentados por año, a quienes persigue, arresta, trata y procesa como criminales por medio de las redadas que ejecutan agentes federales de ICE, CBP, DEA, FBI, policías estatales, locales y personal de empresas privadas subcontratadas para ello.

Perfil de comunicadora

Desde México tres funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron a Proceso que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tiene una muy buena relación con Abed, a quien propuso para el puesto diplomático en Washington.

“Abed estuvo hace unos días aquí, en la Ciudad de México, para proceder con los trámites”, dijo uno de los tres funcionarios de la SRE que solicitó que se resguardara su nombre, por temor a represalias.

En su columna del 29 de julio último en el periódico La Jornada, el periodista Julio Hernández dio cuenta que García Harfuch busca colocar a Abed en la Embajada; de lograr el puesto, ella deberá proteger, defender y garantizar los derechos de los mexicanos que son inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, entre otras tareas.

Personalmente la presidenta Claudia Sheinbaum y todos los integrantes de su gabinete, como lo hizo por igual Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, llaman héroes a los “paisanos” que, sin importar su estatus migratorio en Estados Unidos, contribuyen a la economía nacional con miles de millones de dólares que envían mensualmente en remesas.

El Banco de México (Banxico) informó la semana pasada que en junio último entraron cinco mil 472 millones de dólares en remesas y que al cierre del primer semestre del año en curso este rubro alcanzó la cifra acumulada de 30 mil 759 millones de dólares, lo que representó en términos anualizados un incremento de 3.1 por ciento.

Abed tiene la nacionalidad estadunidense y mexicana, como ella misma lo declaró en entrevista con Infobae –información que es pública–; llegó a Washington hace unos años y apareció como reportera y corresponsal ante la Casa Blanca de la cadena de televisión colombiana NTN24.

En un perfil que le hizo la Revista Mujer se señala que también fue colaboradora de Radio Fórmula, columnista semanal de El Heraldo de México y Opinión 51, y que “trabajó en varias instituciones públicas incluyendo las embajadas de México en Canadá y Gran Bretaña”.

Asimismo fue directora del Instituto de México en el Woodrow Wilson Center (foro académico) hasta que el gobierno de Trump le quitó el subsidio gubernamental a la institución.

Actualmente es directora del Programa de México del Diálogo Interamericano (otro centro académico) y, de acuerdo con los funcionarios de la SRE, por medio de esta posición fue como se reunió en varias ocasiones con García Harfuch durante las visitas que ha hecho el titular de la SSPC en las que ha evitado a los representantes de los medios mexicanos acreditados en Washington.

De trabajos previos a su aparición en la capital estadunidense su currículo destaca que en México fue asesora de asuntos internacionales, secretaria particular y jefa de gabinete del exprocurador general de justicia, Jesús Murillo Karam en la presidencia de Enrique Peña Nieto, y, además, excandidata local por el PRI para el Distrito XIII.

Ésta no sería la primera ocasión en que priistas de cepa “convertidos” se integren a puestos de alto nivel y sensibilidad del gobierno federal de la 4T bajo en la presidencia de Sheinbaum y antes en la de AMLO.

Pugna por el botín de los indocumentados

La desaparecida Procuraduría General de la República (FGR) en la presidencia de Peña Nieto, especialmente bajo la dirección de Murillo Karam, estuvo y está bajo la mira de las pesquisas de la 4T por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Murillo Karam, exjefe de Abed, es el autor de la “Verdad Histórica” del atroz “crimen de Estado” contra los estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero.

En otro dato sobre SWS, el 3 de agosto último, en una colaboración de los medios estadunidenses Mother Jones, POGO Investigates y del Taller de periodismo de la Universidad Americana, se dio a conocer que “competidores y detractores” de la firma de Walters intentan arrebatarle el contrato gubernamental de las autodeportaciones.

“El lucrativo contrato –con un valor de hasta $915 millones– ha desatado reacciones contra el Capitolio tras denuncias de que Salus ganó la adjudicación vía un proceso de licitación que parecía favorecer a la empresa.

En respuesta, Walters ha afirmado que los problemas de su empresa están siendo provocados por contratistas rivales. Ha arremetido contra el gigante de las prisiones privadas GEO Group y contra CSI Aviation, una firma que gestiona vuelos de deportación no voluntaria.

Esas empresas, argumenta Walters, están trabajando para socavar los esfuerzos de autodeportación de Salus porque ganarán más dinero si los migrantes permanecen tras las rejas durante periodos más prolongados antes de ser deportados a la fuerza”, resalta la investigación de los tres medios estadunidenses.