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Fiscalía destapa presunta red de huachicol en la Laguna

Miles de millones de litros de combustible que habrían ingresado ilegalmente a México… una investigación federal, y empresarios de la Comarca Lagunera bajo la lupa.
La Fiscalía General de la República investiga una presunta red de contrabando de gasolina y diésel que, de acuerdo con la indagatoria, operó durante 2025 mediante un esquema para importar hidrocarburos desde Estados Unidos sin los permisos correspondientes.
Según la investigación, el combustible llegaba al país en carrotanques ferroviarios. En los documentos aduanales se declaraban cantidades mucho menores a las que realmente transportaban, permitiendo el ingreso de millones de litros sin reportarlos de forma correcta.
Las autoridades señalan que posteriormente ese combustible era distribuido mediante diversas empresas y operaciones que ahora son investigadas por posibles delitos fiscales y de lavado de dinero.
Esta investigación tomó fuerza tras el aseguramiento realizado por autoridades federales en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, donde fueron decomisados 163 carrotanques con más de 18 millones de litros de gasolina y diésel presuntamente de procedencia ilegal.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República aparece una empresa gasolinera presuntamente señalada como Grupo Faza con 33 estaciones de servicio con presencia en Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas, cuyos accionistas enfrentan procesos legales por presuntos delitos relacionados con el manejo de hidrocarburos y operaciones financieras.
La FGR también analiza comprobantes fiscales y relaciones comerciales entre distintas empresas para determinar si existió una red de triangulación destinada a dar apariencia legal al origen del combustible.
Durante las investigaciones, autoridades federales aseguraron millones de litros de gasolina y diésel en distintos estados del país, además de carrotanques utilizados para el traslado del hidrocarburo.
Es importante señalar que las investigaciones continúan y serán las autoridades judiciales quienes determinen las responsabilidades de cada uno de los involucrados conforme avance el proceso legal.

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