La Fiscalía del Estado de México ejerció acción penal contra 33 personas, entre exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares, por una red de aviadores que operó desde 2021 dentro de la Secretaría de Educación y la Oficialía Mayor del gobierno estatal.
El esquema era simple: daban de alta a personas en plazas docentes que nunca pisaron un salón de clases. Las asignaban a planteles con clave de centro de trabajo inactiva para no ser detectadas. Las tarjetas de nómina las retenían los operadores, retiraban el dinero en efectivo y se repartían las ganancias. Entre todos cobraban 4 millones de pesos quincenales del erario. Solo entre enero de 2025 y febrero de 2026 saquearon más de 96 millones de pesos. Si se acredita que empezaron en 2021, la cifra sube.
