Jonathan Josué Burgos Sánchez fue separado de las filas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y posteriormente detenido, luego de ser señalado por presuntamente intentar apropiarse de dinero en efectivo encontrado durante las labores de atención desplegadas tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.
El caso tomó notoriedad pública después de que comenzaran a circular en redes sociales varios videos grabados por residentes de las Residencias Vallarta, en Playa Grande, Catia La Mar, estado La Guaira. En las imágenes se observa al entonces funcionario sosteniendo un fajo de dólares mientras conversa con vecinos del edificio afectado por el colapso ocasionado por los movimientos sísmicos.
Las grabaciones muestran cómo los residentes cuestionan la actuación del funcionario y exigen que el dinero permanezca bajo resguardo para ser entregado a sus legítimos propietarios. Según manifestaron los vecinos, el efectivo pertenecía a una de las familias damnificadas por el derrumbe parcial del inmueble.
La difusión de los videos provocó una rápida reacción pública y generó cuestionamientos sobre el manejo de las pertenencias recuperadas durante las labores de rescate y asistencia a las víctimas de la emergencia.
Horas después de que las imágenes se viralizaran, el Cicpc confirmó mediante un comunicado oficial que Burgos Sánchez fue separado de la institución y quedó detenido mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
En su pronunciamiento, el organismo reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier acto de corrupción o conducta que comprometa la integridad de sus funcionarios, especialmente en situaciones de emergencia donde la prioridad es la protección de las personas afectadas.
“El Cicpc no tolerará, bajo ninguna circunstancia, desviaciones policiales, actos de corrupción o conductas que vulneren el honor institucional o el dolor de las víctimas de la emergencia”, señaló la institución.
La policía científica informó además que el exfuncionario fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determine su eventual responsabilidad penal conforme al desarrollo de las investigaciones.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado cuáles serían los delitos que podrían ser imputados ni ha ofrecido detalles adicionales sobre el proceso judicial.
En paralelo, han circulado versiones en redes sociales sobre una presunta identidad distinta o posibles irregularidades en las credenciales del detenido. Sin embargo, esas afirmaciones no han sido confirmadas por ninguna autoridad y, por tanto, permanecen sin verificación oficial.
El caso ha generado una amplia repercusión debido a que los hechos presuntamente ocurrieron durante las labores de rescate y recuperación de pertenencias de familias afectadas por los sismos registrados el 24 de junio en el estado La Guaira.
Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días las autoridades informen sobre los avances del proceso y los eventuales cargos que podrían presentarse contra el exfuncionario.
