El 20 de mayo último el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la orden de detención de dos alcaldes en funciones y uno más que ya había concluido su mandato, como parte del Operativo Enjambre para detener a funcionarios coludidos con la delincuencia organizada.
Los capturados fueron los alcaldes de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y el exalcalde de Yecapixtla Irving Sánchez. También fue desarticulada la estructura de la Presidencia Municipal de Cuautla, cuyo titular, Jesús Corona, se encuentra prófugo. Dos de ellos estaban identificados desde hace años por sus relaciones criminales.
Desde 2019 informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelaron que Morelos ha estado en manos de autoridades, incluidos jueces, coludidas con bandas del crimen organizado. Los reportes fueron elaborados a principios de ese año entre la Sedena, la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y la 24 Zona Militar ubicada en Cuernavaca.
Uno de los documentos titulado “Panorama delictivo de Morelos”, con el folio SEMAR/UIN.-DI.-C-033, reveló que los remanentes del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva contaban con “protecciones de autoridades del exgobernador de la entidad, Graco Ramírez (2012-2018)”, y detalló que, en la siguiente administración, el primer círculo de influencia política del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018-2024) tenía vínculos con los cárteles de Los Rojos, Gente Nueva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los narcotraficantes con centros de operaciones en Morelos se encargaron de colocar a gente de su confianza en regidurías y alcaldías, por mencionar los puestos más bajos. Esa misma práctica se repite en la administración de Margarita González Saravia, quien arribó al máximo cargo público del estado con el apoyo de organizaciones delictivas como Los Tlahuicas o Comando Tlahuica, a cargo de Homero Figueroa Meza, mejor conocido como la Tripa, de acuerdo con un exfuncionario morelense que participó en la contienda electoral de 2024 y que pidió reservar su identidad por temor a las represalias. Se trata del mismo presunto criminal que apareció junto a Blanco Bravo en una fotografía publicada por El Sol de México en enero de 2022.
La estructura criminal que operó bajo la gestión de Graco Ramírez protegió y brindó apoyo al extinto Héctor Beltrán Leyva, el H o el Ingeniero, que a su vez era compadre de Héctor Omar Maganda Salazar, exdirector de Seguridad Pública en Zihuatanejo, Guerrero; este último habría liberado a Salvador Granados, alias el Chava Granados, líder del grupo Los Guerreros y Fuerza Guerrerense, aliado al CJNG. Lo anterior forma parte del análisis de fuentes abiertas de la Sedena incluido en el mismo informe. En reiteradas ocasiones Maganda Salazar presumía con políticos y capos ser informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y haber brindado protección a delincuentes de la talla de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, hoy preso en una cárcel estadunidense y convertido en testigo protegido.
Según ese informe, Graco Ramírez también brindaba su apoyo incondicional al expresidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, el primer integrante de Morena en asumir el cargo y que, junto con Maganda Salazar, se encargaron de brindarle protección a la organización Beltrán Leyva, liderada en el pasado por Édgar Valdez Villarreal, la Barbie; Moisés Montero Álvarez, el Koreano, y Gamaliel Aguirre Tavira, mejor conocido como el Güero Huetamo”.
De acuerdo con el documento, el hermano del expresidente municipal de Cuernavaca, Pablo Rubén Villalobos, habría hecho una seria amenaza contra…
Fragmento del texto publicado en la edición 0036 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
