Ciudad de México, 19 de mayo (Sin Embargo).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer este martes la inhabilitación de dos exmandos de la extinta Policía Federal (PF) hasta por 20 años, quienes deberán cubrir una sanción económica cercana a los 65 millones de dólares por irregularidades cometidas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Las investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de la extinta Policía Federal”, afirmó la autoridad a través de un comunicado oficial.
De acuerdo con el reporte oficial, lo sospechosos habrían desviado más de 65 millones de dólares que estaban destinados al cumplimiento de obligaciones relacionadas con un contrato de prestación de servicios firmado en diciembre de 2015 con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD (RADS).
Además de las sanciones administrativas, el caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que mantendrá abiertas indagatorias penales por el presunto manejo irregular de recursos públicos.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que Frida M., quien se desempeñó como Secretaria general, no podrá ocupar cargos públicos durante dos décadas, mientras que Damián C., exresponsable de la División de Inteligencia, recibió una restricción por 15 años.
De acuerdo con reportes del diario Reforma, el contrato firmado en diciembre de 2015, contemplaba el desarrollo e implementación de una plataforma destinada al Sistema de Explotación de Información de Inteligencia; sin embargo, dicho mecanismo nunca fue utilizado posteriormente por la Guardia Nacional (GN).
Entre 2016 y 2017 la entonces Policía Federal entregó a la empresa RADS un anticipo por 39.2 millones de dólares, además de cubrir cuatro facturas iniciales que sumaron otros 26.3 millones de dólares.
No obstante, las siguientes 16 facturas, equivalentes a 65.1 millones de dólares, quedaron pendientes de pago pese a que los recursos habían sido autorizados desde el 15 de septiembre de 2016. La autorización ocurrió apenas tres días después de que un grupo de 12 funcionarios de la corporación regresó de un viaje de una semana a Tel Aviv financiado por la propia contratista.
Por su parte, la Secretaría Anticorrupción sostuvo que continuará impulsando acciones contra actos ilícitos dentro de la administración pública e hizo un llamado a la ciudadanía para reportar posibles irregularidades mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y evitar la impunidad.
“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, puntualizó la dependencia.
