CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Justo en medio de la presión contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, la administración de Donald Trump presentó su estrategia nacional contra las drogas.
Trump demanda resultados tangibles y medibles al gobierno de Sheinbaum en el combate al crimen y en particular en el tráfico de fentanilo, un discurso que ha repetido desde hace meses.
La Estrategia Nacional identifica a la frontera sur como el “epicentro” de la amenaza de drogas sintéticas.
“El presidente Trump ha lanzado una ofensiva decisiva, histórica e implacable contra los narcoterroristas que envenenan a los estadunidenses. La Estrategia continúa esta ofensiva para desmantelar las multimillonarias organizaciones criminales de los cárteles, alimentadas por la muerte y la destrucción”, señala el documento.
En el caso de México, se solicita mejorar resultados en tres ejes: incautación de precursores químicos, reducción de la producción de drogas y desmantelamiento de la capacidad operativa de los cárteles.
El documento también advierte sobre el endurecimiento de sanciones económicas a entidades comerciales que no protejan sus cadenas de suministro contra la explotación por parte del crimen organizado. Además, se anunció una “campaña mundial” en la que los cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) serán perseguidos bajo esa figura.
De acuerdo con el informe que presentó la zar antidrogas Sara Carter, los grupos como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación “operan con un nivel de impunidad en partes de México que desafían directamente la soberanía del Estado, empleando violencia extrema para controlar los corredores del tráfico lucrativo hacia EU”.
La estrategia también prioriza el combate frontal contra organizaciones criminales transnacionales, a las que se señala como responsables de alimentar una industria multimillonaria basada en el narcotráfico. Entre las acciones destacan investigaciones financieras, sanciones a redes de lavado de dinero y el uso de inteligencia para ubicar y desarticular liderazgos criminales.
El plan integral que busca frenar el consumo, combatir a las organizaciones criminales y fortalecer la atención a las adicciones en territorio estadunidense.
En el documento publicado hoy está compuesto por 195 páginas, de las cuales hay 31 menciones a México.
Control financiero
Apenas en abril, el Departamento del Tesoro levantó las sanciones impuestas en junio contra CIBanco, con sede en México, por presunto lavado de dinero del narcotráfico para permitir la liquidación de dicho banco gestionado por la autoridad bancaria mexicana.
El anuncio del Tesoro se dio a conocer después del encuentro de su titular, Scott Bessent, con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.
Los dos funcionarios indicaron en sus respectivos mensajes que se trató de manera prioritaria la necesidad de fortalecer el intercambio de información para frenar el lavado de dinero y la actividad financiera de los grupos del crimen organizado.
En junio de 2025 se había bloqueado el acceso al sistema financiero estadunidense de CIBanco y otras dos entidades, Intercam Banco y la firma de corredores de bolsa Vector, lo que provocó una caída en la calificación de las tres entidades que pegó con fuerza a México mientras el gobierno intentaba que sus clientes no se vieran afectados. Las acusaciones de lavado de dinero fueron negadas por las empresas financieras y cuestionadas por el gobierno mexicano.
Estados Unidos mantiene la imposición de más sanciones a todo aquel que considera vinculado a los cárteles mexicanos, sobre todo a los que calificó de terroristas el año pasado.
Todos estos movimientos tienen lugar cuando está en marcha el proceso de revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que Trump despreció pero que los otros dos países consideran clave para mantener la competitividad económica de la región.
