El lunes 30 de marzo se alcanzó un hito en el proceso de reforma constitucional sobre pensiones en México: 18 congresos estatales avalaron la modificación al artículo 127 de la Constitución, lo que permite avanzar hacia la reducción de las pensiones de los servidores públicos que ocuparon cargos directivos. El paso final corresponde ahora a la Cámara de Diputados y al Senado, quienes deberán declarar la validez de la reforma.
Los congresos que dieron su voto son los de Zacatecas, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Colima, Guerrero, Campeche, Hidalgo, Quintana Roo y Baja California. Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación se estima que las pensiones de al menos 6 mil 292 exservidores públicos con cargos directivos se reducirán a un máximo de 67 mil pesos mensuales, equivalente a la mitad del salario presidencial actual (134 mil 290 pesos netos).
Si bien esta medida ha sido presentada como un logro histórico en términos de austeridad y justicia social, la discusión real va mucho más allá de cifras y recortes. En este espacio hemos dado seguimiento puntual a este tema, por la trascendencia que tiene en materia de legalidad y certeza jurídica. La reforma plantea preguntas fundamentales sobre la certeza jurídica y los derechos adquiridos. Las pensiones que hoy se exhiben, aunque puedan parecer cuantiosas, fueron otorgadas conforme a la norma vigente en su momento, dentro de un marco legal válido y legítimo.
El problema surge cuando se plantea la posibilidad de revisar o revertir esas pensiones con criterios retroactivos. Ahí es donde entramos en un terreno delicado: ¿quién decide qué es excesivo? Hoy puede parecer que 100 mil o 150 mil pesos es demasiado; mañana alguien podría argumentar que 50 mil también lo es, o compararlo con la pensión mínima garantizada y cuestionar cualquier monto superior. Abrir esa puerta podría poner en riesgo la estabilidad de las reglas y la confianza ciudadana.
Otro aspecto crítico es la forma en que se presenta esta información. La transparencia es una obligación del Estado y la información sobre pensiones debe estar disponible para consulta pública. Pero hay una diferencia importante entre transparencia para informar y la exhibición pública con fines políticos. Cuando los datos se muestran de manera selectiva o con una intención inducida, se construye un juicio inmediato sobre personas que, en su momento, recibieron sus derechos dentro de la legalidad.
El marco legal de transparencia incluso contempla mecanismos de protección, como la prueba de daño, que permite limitar la divulgación de información cuando su exposición pueda generar perjuicios reales y demostrables. En este sentido, la transparencia debe servir para informar y comprender, no para construir narrativas de exhibición.
Más allá de cifras y titulares, el debate de fondo debería centrarse en cómo establecer reglas claras y justas hacia el futuro, sin poner en riesgo la certeza jurídica ni los derechos previamente adquiridos. Reducir pensiones ya otorgadas sin considerar su marco legal abre un precedente peligroso: el de que los derechos puedan modificarse retroactivamente en función de percepciones cambiantes sobre “lo que es demasiado”.
El verdadero reto no está en cuánto se reduce, sino en asegurar que las reformas garanticen legalidad, equidad y estabilidad para todos los mexicanos, sin sacrificar la certeza jurídica ni el respeto a los derechos que fueron válidamente adquiridos.
