La reforma constitucional denominada plan B, que reduce salarios de consejeros y magistrados comiciales para que ninguno gane más que el titular del Ejecutivo, “no debilita a las instituciones democráticas”, pero sí termina con “un régimen de privilegios y beneficios excesivos de la alta burocracia electoral”, concluyen las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados.
En el proyecto de dictamen que comenzó a circular anoche se resalta que disminuir el número de regidurías y acotar el presupuesto de los congresos locales a un máximo de 0.7 por ciento del gasto anual de los estados no invade atribuciones ni la soberanía de las entidades, y confirman que los ahorros se destinarán a infraestructura local.
El proyecto, que se votará el martes en comisiones y el miércoles en el pleno de la Cámara, plantea avalar sin cambios la minuta aprobada por los senadores el miércoles. Además, resalta que la reducción gradual del presupuesto del Senado evitará afectaciones abruptas a su funcionamiento.
“Con la aprobación del dictamen… se avanza en la eliminación de los privilegios y beneficios excesivos que durante años otorgaron ventajas injustificadas a servidores públicos a costa del presupuesto nacional, en detrimento del bienestar colectivo”, indican en sus consideraciones.
Al detallar el alcance de la reforma a tres artículos de la Constitución –los cambios en materia de revocación de mandato presidencial no prosperaron en el Senado–, las comisiones refieren que, en el caso del 115, limita que en cada ayuntamiento habrá sólo una sindicatura y hasta 15 regidurías, debido a que la integración de la autoridad municipal no se basa en criterios uniformes de proporcionalidad poblacional, lo cual genera asimetrías de representación y en la eficiencia del gobierno.
Además, al establecer un límite de síndicos y regidores, para que los ahorros se destinen a las cuentas municipales, se refuerza la capacidad financiera del municipio al reorientar fondos al desarrollo. La configuración de los cabildos así definida se traducirá “en una representación democrática más proporcional”, señalan.
Respecto de los cambios al artículo 116, para fijar un límite de presupuesto a las legislaturas estatales, las comisiones señalan que son congruentes con el principio de racionalidad, pues existen congresos locales que exceden el tope de 0.7 por ciento planteado en la reforma, “lo cual representa un gasto excesivo y una marcada desigualdad en la distribución” de los recursos públicos.
Asimismo, ejemplifican que los congresos de Baja California, Michoacán y Morelos son los más costosos del país en términos de gasto por legislador, con montos de hasta 48.1 millones de pesos, 32.7 millones y 31.8 millones por diputado, respectivamente.
Incluso precisan que estos ajustes se inscriben “dentro de la potestad legítima del Congreso mexicano para definir las bases de organización de los congresos locales, sin que ello implique una invasión a la soberanía de las entidades federativas, sino la consolidación de estándares constitucionales comunes y equitativos”.
“Gasto excesivo” en organismos electorales
Respecto del artículo 134, que limita los salarios de consejeros y magistrados electorales, señalan que si bien se trata de funcionarios que, tanto a nivel federal como estatal, “representan un valioso aporte para la vida política y democrática del país… ello no puede ni debe traducirse en la perpetuación de esquemas de gasto excesivo o en la consolidación de estructuras de privilegio”.
Más aún, resaltan que la adecuación de sus salarios “no sólo es jurídicamente viable, sino constitucionalmente obligatoria y moralmente necesaria”, pues “durante décadas funcionarios públicos de la alta burocracia electoral han concentrado percepciones y prestaciones que resultan desproporcionadas frente a la realidad económica del país”.
