Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que el primero es investigado por estar detrás de otras movilizaciones similares, como una de febrero de 2022 en Quechultenango, en la que se retuvo a militares para exigir la liberación de un detenido.
El segundo posee una empresa constructora y tiene diversas causas penales, dijo en la conferencia mañanera.
Tras confirmar que la movilización de antier fue para exigir la liberación de dos líderes de Los Ardillos, afirmó que su instrucción era privilegiar el diálogo con los inconformes, no caer en provocaciones y no reprimir, pues “había mucha gente obligada a manifestarse”.
Al respecto, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no será rehén de nadie y solicitó a los guerrerenses “dejar solos y sin base social” a los criminales.
CONFIRMAN A ARDILLOS DETRÁS DE LA ASONADA
En las manifestaciones del lunes en Chilpancingo, autoridades identificaron a 2 individuos, que responden a los nombres de Gilmar Jaír Sereno Chávez y Guillermo Matías Marrón, quienes, además de organizar la movilización para demandar la liberación de dos choferes detenidos con cartuchos, armas y droga, al parecer son parte de la estructura criminal de Los Ardillos.
La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, confirmó que los bloqueos y la retención de 13 servidores públicos federales y estatales fueron motivados por la detención de dos líderes criminales, pertenecientes a dicha organización y sobre quienes pesan varios cargos penales.
Los dirigentes detenidos son mostrados a continuación en este árbol delincuencial, que ya tiene muchos años operando en la región. También aparecen dos personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y el vocero principal está identificado aquí en la lámina; ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos y también ya es investigado por parte de las autoridades en esta ciudad”, indicó en la conferencia matutina en Palacio Nacional.
El vocero principal de los manifestantes es Gilmar Jair Sereno Chávez (39 años), quien el 16 de febrero de 2022 organizó manifestaciones similares en Quechultenango, donde hubo la retención de personal militar (1). Arnulfo “N” tiene una causa penal desde 2010 (2). Guillermo Matías Marrón (3) cuenta con diferentes causas penales. Rodríguez Velázquez agregó que otro líder se autonombró presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero. “Aquí se ve cómo es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales. Y también son personas que son afines a este grupo criminal conocido como Los Ardillos”, detalló la funcionaria.
Agregó que las investigaciones han determinado que en febrero del 2022 Gilmar Jaír fue responsable de organizar una manifestación parecida en Quechultenango, en la que también se retuvo a personal militar y a funcionarios de la Fiscalía estatal con el objetivo de liberar a una persona detenida en la comisión de un delito.
En el caso de Matías Marrón, se corroboró que cuenta con una empresa constructora y ha participado en inauguraciones de obras públicas junto con alcaldes de la zona de la Montaña de Guerrero.
DIÁLOGO
La secretaria puntualizó que la directriz del gobierno federal es mantener el diálogo, así como respetar las manifestaciones pacíficas, pero de ninguna forma van a respaldar las acciones delictivas que con violencia llevaron a cabo los manifestantes el pasado lunes.
En cuanto a la exigencia para que las personas detenidas en días pasados sean liberadas, la secretaria de Seguridad fue clara al especificar que el poder judicial federal es quien ahora tiene esa decisión al haber sido puestos a disposición de un juez.
No es una cuestión que se refiera al gobierno federal o al gobierno del estado; las personas que tienen acusaciones sobre delitos, la decisión está en manos de un juez que tendrá que decidir cuál es el sustento jurídico que se tiene para estas vinculaciones; ya hay una vinculación a proceso. Hay que esperar el tiempo necesario para que se presenten las pruebas a favor y en contra y se tome una decisión por parte del juez en esta materia”, destacó.
Rodríguez Velázquez aseguró que los servidores públicos retenidos se encuentran en buen estado de salud.
Se dio la instrucción de no caer en provocaciones porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse, porque la directriz es clara de no enfrentar la violencia con más violencia”, remarcó.
