En los últimos años, el nombre de Arturo Aparicio Velázquez ha comenzado a repetirse con insistencia en expedientes judiciales relacionados con conflictos urbanos en la Ciudad de México.
El abogado independiente, de 35 años, acumula más de una treintena de amparos, recursos e incidentes promovidos ante tribunales federales y locales entre 2020 y 2026, una actividad litigiosa que ha despertado sospechas sobre la forma en que utiliza los mecanismos legales en disputas vinculadas con desarrollos inmobiliarios.
Aparicio Velázquez se presenta públicamente como representante legal del colectivo “Aquí Somos, Frente por el Arraigo y la Inclusión Vecinal”, agrupación que ha encabezado diversas acciones contra proyectos urbanos que impulsan procesos de gentrificación en distintas zonas de la capital.
Detrás de ese activismo se encuentra una estrategia que combina presión legal y movilización social en varios de los conflictos, el litigante impulsa la presentación inmediata de amparos (que pagan los vecinos) mientras promueve cierres de calles o bloqueos en las zonas donde se realizan obras o desalojos, acciones que terminan por paralizar temporalmente proyectos inmobiliarios y procesos legales relacionados con inmuebles.
Amparos que mágicamente se entregan en cuestión de horas al utilizar el nombre de su hermano José Alfonso, quien se desempeña como secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Registros judiciales muestran que Aparicio Velázquez ha presentado recursos contra diversas autoridades e instituciones, entre ellas la alcaldía Cuauhtémoc, organismos de transparencia, dependencias de desarrollo urbano, el Congreso local e incluso autoridades del gobierno capitalino.
En varios de estos casos, las demandas se relacionan con licencias de construcción, permisos de obra o solicitudes de información pública, dónde trabajo uno de sus aliados y socios José René Rivas Valladares, exfuncionario con presencia tanto en espacios federales como en la administración capitalina.
Rivas Valladares ha sido identificado como ex representante del Partido Encuentro Social y en el pasado se desempeñó como asesor en el Congreso de la Ciudad de México.
Entre las obras en las que su nombre ha aparecido dentro de controversias legales o conflictos vecinales se encuentran proyectos de alto perfil como el complejo Mítikah, el entorno del Estadio Azteca, desarrollos en la colonia Roma y edificios ubicados en vialidades como Baja California o República de Cuba. En varios de estos casos ha sido señalado por vecinos y desarrolladores de exigir pagos o porcentajes elevados por sus servicios jurídicos.
Los registros del Poder Judicial reflejan un amplio número de expedientes promovidos por el abogado en diferentes instancias, lo que ha llevado a algunos actores del sector inmobiliario a calificar su estrategia como una forma de “litigio de presión”.
La Red de vínculos políticos y judiciales
En el entorno cercano de Arturo Aparicio Velázquez también aparecen nombres vinculados al ámbito jurídico y político. Su hermano, José Alfonso Aparicio Velázquez, se desempeña como secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De manera paralela, mantiene una actividad académica como profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, sin ocupar una plaza de tiempo completo.
Dentro de las relaciones del litigante también figura José René Rivas Valladares, funcionario con presencia tanto en espacios federales como en la administración capitalina.
Rivas Valladares ha sido identificado como ex representante del Partido Encuentro Social y en el pasado se desempeñó como asesor en el Congreso de la Ciudad de México.
Su nombre ha aparecido en diversas controversias relacionadas con desarrollos inmobiliarios en la capital.
Empresarios y actores del sector de la construcción lo han señalado por presuntamente utilizar su posición política para presionar proyectos urbanos, en algunos casos bajo el argumento de defensa vecinal o irregularidades administrativas.
Tras los sismos del 19 de septiembre, Rivas Valladares también participó en disputas vinculadas con procesos de reconstrucción de inmuebles dañados, donde cuestionó la actuación de autoridades capitalinas, dichas intervenciones respondían más a intereses políticos que a una defensa efectiva de los damnificados.
El pasado del socio de Aparicio Velázquez, se remonta al movimiento estudiantil que paralizó a la UNAM en el año 2000. Rivas Valladares formó parte del Consejo General de Huelga, grupo que mantuvo cerradas durante meses las instalaciones de la máxima casa de estudios, una crisis que dejó sin clases a miles de estudiantes y que derivó en investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de despojo.
De ilusionista a litigante contra el Gobierno de La CDMX
El perfil del litigante también ha llamado la atención por un aspecto inusual: su trayectoria paralela como ilusionista. Bajo el nombre artístico de “Mago Makartur”, Aparicio ha participado en espectáculos y presentaciones de magia en bares, centros nocturnos y eventos culturales, actividad que, según registros fiscales, forma parte de sus fuentes de ingreso.
En redes sociales mantiene una presencia dual. Mientras en plataformas como Instagram se presenta como artista e ilusionista, en espacios de debate público y tribunales adopta el perfil de activista urbano que denuncia supuestos casos de corrupción inmobiliaria.
Esta doble identidad, entre los escenarios del espectáculo y los expedientes judiciales, ha contribuido a que su figura genere tanto curiosidad como controversia dentro de los conflictos urbanos que se disputan actualmente en la capital del país.
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