GUADALAJARA, Jal., (apro) .- Luego de que se diera a conocer una presunta “narconómina” tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en la que se establecían cuotas de sobornos a distintas autoridades y servidores públicos, las autoridades de Jalisco respondieron con frases de cajón: están a favor de “que se investigue a quien se tenga que investigar, caiga quien caiga”.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, sostuvo que hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado colaboración al estado por la presunta “narconómina” atribuida a Oseguera Cervantes, en la que se alude a pagos a halcones, sicarios, funcionarios y policías.
El fiscal acotó que la información disponible proviene de publicaciones periodísticas y que, tras revisarlas, no aparecen nombres de personal de la Fiscalía de Jalisco. También indicó que desconoce si dichas listas fueron aseguradas formalmente por la autoridad federal.
“Fueron notas periodísticas donde se mencionan listas con personas que habrían recibido pagos. No sabemos si esas listas están en poder de la Fiscalía General de la República. Como el operativo lo encabezó la propia FGR, suponemos que continuará con las investigaciones con base en la información recabada”, declaró.
La postura oficial, en síntesis, coloca la indagatoria en el ámbito federal y sin requerimientos formales hacia la autoridad estatal.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Pablo Hernández, rechazó que la policía de Jalisco esté incluida en esa presunta nómina y afirmó que existe disposición total para colaborar con la Federación.
“Que se investigue todo lo que se tenga que investigar. No podemos generalizar. Si en algún municipio alguna autoridad estuvo involucrada, que se señale con nombre y apellido”, dijo.
El gobernador Pablo Lemus Navarro endureció el tono: cualquier policía o autoridad municipal que reciba dinero de la delincuencia organizada debe ser procesado y encarcelado. La investigación, insistió, corresponde a la FGR y debe avanzar “caiga quien caiga”.
En paralelo, la Fiscalía estatal informó que tras los recientes narcobloqueos se presentaron más de 300 denuncias por robo y daños, entre ellas afectaciones a vehículos, negocios y tiendas de autoservicio. Las carpetas abiertas buscan tanto la reparación del daño —incluida la intervención de aseguradoras— como la identificación y judicialización de los responsables.
Sobre la evasión de 23 internos del reclusorio de Puerto Vallarta, la Fiscalía confirmó que uno murió en un enfrentamiento con el Ejército y la Guardia Nacional en La Desembocada. Otros cuatro fueron recapturados en El Colorado, también en ese municipio, y puestos a disposición judicial. Por estos hechos se integró una carpeta por evasión.
El secretario de Seguridad afirmó que el motín y los disturbios en el penal vallartense están bajo control tras varios ajustes internos, entre ellos el relevo del director. Además, se enviaron 40 custodios adicionales y al menos 20 serán removidos por razones logísticas.
Aun así, Hernández admitió que no se descartan nuevos ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que la vigilancia permanece activa.
Las declaraciones se realizaron después de la incineración de más de dos toneladas con 175 kilogramos de droga decomisada por la delegación Jalisco de la FGR, en un acto que buscó enviar un mensaje de control institucional en un contexto de tensión.
