Los recursos por aclarar del tercer y último informe de la Cuenta Pública de 2024 suman 65 mil 169.097 millones de pesos, de los cuales, arriba de 5 mil millones corresponden al Poder Judicial, organismos autónomos y principalmente a las empresas del Estado.
Al entregar el documento en la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, precisó que en el denominado “sistema subnacional” se detectaron presuntas irregularidades por más de 54 mil 344.2 millones de pesos, de los cuales, un 36% correspondió a la gestión de los gobiernos de las entidades federativas en el ejercicio de recursos federales para salud, saneamiento financiero, infraestructura social y educativa y asistencia social.
El cuadro de datos consolidados reporta, en el top de gobiernos estatales sin pendientes a la Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.
En contraste, los gobiernos estatales con mayor monto por aclarar serían Estado de México, Nuevo León, Morelos, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz.
La mayor proporción del monto por aclarar se determinó en las auditorías integrales a municipios con 35 mil 074.7 millones de pesos, es decir, el 59.1 % del total; seguida de las participaciones federales a entidades federativas y los recursos transferidos a las universidades públicas estatales”, enumeró
CONCENTRAN PENDIENTES ALCALDIAS Y MUNICIPIOS
Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia y ASF de San Lázaro, el titular de la ASF sostuvo que “desafortunadamente, más del 59% de este monto por aclarar fue determinado en las auditorías efectuadas a Alcaldías y Municipios, cuya principal irregularidad fue la falta de entrega de documentación que acreditara el destino y ejercicio de los recursos de origen federal”.
David Colmenares, quien a mediados de marzo concluirá su periodo de ocho años y que ya anunció sus aspiraciones de reelegirse, señaló que “más de 5 mil millones de pesos quedaron pendientes de aclarar por parte del Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos y los Entes que conforman la Administración Pública Federal, siendo las Empresas del Estado las que concentraron la mayor parte del monto total observado en ese orden de gobierno”.
En medio de un clima de expectación, porque este miércoles 18 de febrero se emitirá la convocatoria para renovar al titular de la ASF, el auditor de la federación comentó en su mensaje que, otro rubro donde se concentran los recursos sin aclarar corresponde a las obras que realizan los gobiernos locales, “sin acreditar el beneficio de la población objetivo”.
En un principio, Colmenares Páramo enumeró que para esta tercera entrega de la Cuenta Pública de 2024 se realizaron 1,566 auditorías: 153 fueron de cumplimiento financiero, 35 de desempeño y de gasto federalizado 1,378.
AUDITORIAS FORENSES
Las auditorías de cumplimiento, se desglosaron de esta manera: 71 de cumplimiento financiero, 63 de inversiones físicas, 8 de tecnologías de información y telecomunicaciones y 11 auditorías forenses”.
Las auditorías forenses se refieren casos que ameritan una investigación administrativa o penal, por presunto daño al erario y, por lo tanto, pueden ser remitidas a tribunales administrativos o fiscalías.
También refirió a “las 28 auditorías forenses realizadas a diversos entes, en el orden Federal”, por un monto de 2 mil millones de pesos, destacando el caso de los extintos Consejo de la Judicatura Federal del anterior Poder Judicial y el desaparecido INAI. En esta lista, el auditor incluyó al Instituto Nacional Electoral; y precisó que en el nivel estatal estaban Congresos, Poderes Judiciales y Fiscalías Generales.
Agregó que otros 2 mil millones de pesos fueron observados a Universidades Públicas Estatales.
Informó además que como resultado de las auditorías de la tercera entrega se logró recuperar más de dos mil millones de pesos para la Federación. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
