Vigilancia constante, acceso limitado a las familias, aislamiento. El trato a los 30 últimos detenidos en Guantánamo es “cruel, inhumano y degradante”, denunció una experta de la ONU tras la primera visita al centro de detención estadunidense en Cuba.
Tras décadas de demandas infructuosas de expertos independientes de derechos humanos de la ONU, la relatora especial para los derechos humanos y la lucha antiterrorista, Fionnuala Ní Aoláin, pudo visitar la cárcel en febrero pasado.
Su informe publicado el lunes describe, pese a “importantes mejoras” en el centro de detención, una “vigilancia casi constante, extracciones forzadas de las celdas, utilización excesiva de medios de contención, carencias estructurales en materia de salud, acceso inadecuado a las familias y detenciones arbitrarias caracterizadas por las violaciones del derecho a un juicio justo.
La totalidad de todas las prácticas y negligencias (…) tienen efectos agravantes acumulativos para la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de cada detenido, lo que equivale, para mí, a un trato cruel, inhumano y degradante, de acuerdo al derecho internacional”, dijo en conferencia de prensa.
El cierre de este centro es una prioridad”, agregó.
Los expertos independientes de derechos humanos de la ONU han tratado de conseguir los permisos para acceder a esta cárcel militar, situada en el sureste de Cuba, desde que se abrió en 2002 para albergar a los detenidos de la “guerra contra el terrorismo” que libró Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La cárcel, que llegó a albergar a 800 “prisioneros de guerra”, estuvo en la mira de la comunidad internacional por las supuestas violaciones de los derechos humanos, detenciones ilegales y tortura que se habrían llevado a cabo en ella.
Por ello, insistieron en cerrar la prisión.
En una carta que acompaña al informe, Estados Unidos manifestó su “desacuerdo” con “muchas afirmaciones” del documento, que “no refleja la posición oficial de Naciones Unidas”, en la que asegura que los detenidos reciben cuidados médicos y se pueden comunicar regularmente con sus familias.
La embajadora ante el Consejo de Derechos Humanos, Michèle Taylor, señaló que la administración de Joe Biden “trabaja activamente para encontrar lugares adecuados para los detenidos que quedan”.
Además de pedir que el gobierno estadunidense “rinda cuentas por todas sus violaciones del derecho internacional”, la relatora subraya la “importancia de pedir perdón, una atención integral y garantías de que no se repetirá para todas las víctimas”.
