La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) lleva a cabo una investigación administrativa para determinar si algún funcionario público, empresa o proveedor incurrió en omisiones que pudieron haber provocado el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el siniestro ocurrido el 28 de diciembre y que dejó 14 pasajeros sin vida.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó a medios que el análisis se centra en la revisión exhaustiva de procesos, con el objetivo de identificar posibles fallas en la ejecución de funciones públicas o contractuales relacionadas con la operación del proyecto ferroviario.
“Lo que estamos viendo es que no haya habido alguna omisión en algún proceso, por parte de un servidor público o de una empresa o proveedor, que haya provocado o sido omiso en realizar correctamente sus funciones”, señaló la secretaria ante medios de comunicación.
Auditorías con mayor profundidad
Buenrostro explicó que, conforme a la ley, la SABG realiza auditorías anuales a todas las dependencias y entidades del Gobierno federal, y precisó que el Tren Interoceánico ya había sido auditado en ejercicios anteriores. No obstante, tras el accidente, la dependencia decidió incrementar el nivel de escrutinio.
“Ahora vamos a poner más énfasis y más cuidado, con algo más detallado y específico, con el objeto de que se haga justicia”, subrayó.
Este nuevo proceso no sustituye auditorías previas, sino que amplía el alcance de la revisión para evaluar con mayor precisión contratos, supervisión, mantenimiento, protocolos de seguridad y responsabilidades administrativas.
Podrían derivar en denuncias penales
La secretaria Anticorrupción aclaró que la investigación en curso no corresponde a auditorías forenses, las cuales se aplican directamente para acreditar la comisión de delitos. Sin embargo, enfatizó que las auditorías administrativas pueden revelar irregularidades que, de confirmarse, derivarían en denuncias penales.
“Nosotros no hacemos auditorías forenses, pero hacemos auditorías administrativas; y si surgiera algo, podemos denunciar ante la Fiscalía General de la República, para que ellos realicen las auditorías forenses correspondientes”, explicó.
La SABG actúa como instancia preventiva y de control, pero mantiene la ruta legal abierta para que la FGR intervenga en caso de que se detecten indicios de responsabilidad penal.
Buenrostro detalló que existen varias auditorías abiertas relacionadas con el Tren Interoceánico, aunque reconoció que el descarrilamiento detonó un nuevo procedimiento específico.
“Lo que estamos revisando son procesos, que todos se hayan hecho adecuadamente, y en caso de que se identifique que un proceso fue inapropiado, entonces nos vamos con funcionarios”, puntualizó.
Actualmente, la dependencia se encuentra en la fase de recopilación y análisis de información, con datos proporcionados por diversas autoridades involucradas en la operación y supervisión del proyecto ferroviario.
