MIAMI.
Rosa se encontró sola con sus dos hijos cuando las autoridades migratorias detuvieron a su marido en Florida. Por temor a sufrir el mismo destino y a que los niños queden abandonados, decidió conceder la tutela legal de los menores a la activista Nora Sandigo.
“Salgo menos a trabajar y tengo miedo de no regresar a casa con mis hijos”, dice Rosa, una guatemalteca de 32 años. “No es fácil explicarles eso. Mi niño espera que llegue su papá y, como no viene, se pone triste”.
Cada vez más migrantes indocumentados como ella están dando la tutela de sus hijos a personas de confianza en Estados Unidos. Este poder notarial permite al adulto firmar documentos para los menores en escuelas, hospitales y tribunales si sus padres son detenidos, sin que estos pierdan la custodia legal.
El aumento de casos coincide con el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump. Según datos oficiales publicados este mes, las autoridades deportaron a más de 605 mil indocumentados desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero.
En Florida, hogar de una numerosa comunidad extranjera, las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se multiplicaron y golpearon a quienes trabajan a menudo en la agricultura, la hostelería o la construcción.
El marido de Rosa trabajaba en una obra cuando lo detuvieron en septiembre y lo enviaron a un centro de internamiento de Texas, donde sigue.
La pareja se instaló en Florida hace ocho años para dejar atrás la pobreza de su tierra natal, el departamento guatemalteco de Huehuetenango (noroeste).
Llegaron con una niña, que tiene ahora 11 años, y hace cuatro tuvieron otro hijo.
Nora Sandigo recibe los documentos de Rosa. Hace 15 años, esta nicaragüense naturalizada estadunidense empezó a asumir la tutela de niños de familias migrantes a través de su fundación en Miami.
Ahora es la tutora legal de cerca de 350 menores estadunidenses y 137 nacidos en el extranjero, aunque lo ha sido de más de 2 mil niños.
Unos 20 de ellos vivieron con ella y sus dos hijas, a veces durante meses e incluso años, cuando sus padres fueron deportados.
Sandigo, de 60 años, cuenta que recibe llamadas diarias de padres que le piden ser tutora de sus hijos y que el número “se ha incrementado de forma espectacular” en los últimos meses.
Este aumento no es exclusivo de Florida. Aunque no hay cifras oficiales, la prensa estadunidense abunda en ejemplos de asociaciones y activistas que multiplicaron estos trámites este año, desde California hasta Vermont pasando por Illinois.
“La llegada de la nueva administración con un mensaje aterrador de persecución para los inmigrantes, de mucha angustia para los niños, ha sido espeluznante”, afirma Sandigo.
Una tarde de noviembre, en la víspera del Día de Acción de Gracias, la activista recibe a varias familias en su finca de las afueras de Miami.
Jessica, de 14 años, acudió con sus hermanos y su madre para recibir una donación de comida, incluido el pavo tradicional de la gran fiesta familiar estadunidense de Acción de Gracias.
La adolescente, nacida en Estados Unidos y por tanto ciudadana del país, es una de las protegidas de Sandigo. Retorciéndose las manos, cuenta que la incierta situación de sus padres indocumentados le “hace sentir miedo” y tristeza.
“Mi mayor preocupación es que ellos se vayan y también mi futuro. Porque si ellos se van, yo me voy con ellos”, afirma con lágrimas en los ojos.
A su lado, Sandigo trata de tranquilizarla asegurándole que todo va a salir bien. Jessica tiene toda su vida en Florida, sus amigos, sus planes de estudios para trabajar en un hospital.
La activista, que llegó a Estados Unidos como refugiada tras huir de la revolución sandinista en Nicaragua, teme que la actual política migratoria provoque daños psicológicos y resentimiento en toda una generación.
“Amo a los niños y quiero ser útil, poder servirles, pero no en estas circunstancias”, dice.
