El pequeño país insular de Palau, ubicado en el Pacífico, acordó acoger hasta 75 migrantes expulsados por Estados Unidos en virtud de un acuerdo de 7.5 millones de dólares, informaron ambos gobiernos.
Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump aceleró las deportaciones de personas sin documentos, como prometió en campaña. En virtud de un nuevo memorando de entendimiento, Palau permitirá que hasta 75 ciudadanos de terceros países procedentes de Estados Unidos vivan y trabajen en ese archipiélago escasamente poblado, explicaron el miércoles fuentes oficiales.
A cambio, Washington concederá 7.5 millones de dólares a Palau para servicios públicos y necesidades de infraestructura.
Con unas 20 mil personas repartidas en cientos de islas volcánicas y atolones de coral, Palau es uno de los países más pequeños del mundo en cuanto a habitantes. Los migrantes que llegarán desde Estados Unidos, que no han sido acusados de ningún delito, ayudarán a cubrir puestos de trabajo necesarios en Palau, añadieron ambas partes.
El acuerdo se anunció tras una llamada entre el presidente de Palau, Surangel Whipps, y el subsecretario de Estado estadunidense, Christopher Landau.
Landau afirmó que Estados Unidos se comprometía a construir un nuevo hospital, a mejorar la capacidad de Palau para responder a desastres nacionales y a proporcionar más recursos al país oceánico.
El archipiélago de Palau, una cadena de islas de piedra caliza y atolones de coral, se encuentra a unos 800 kilómetros al este de Filipinas. Obtuvo la independencia en 1994, pero permite al ejército estadunidense utilizar su territorio en virtud de un acuerdo de larga data.
El gobierno de Trump ha firmado este año acuerdos similares con países africanos y latinoamericanos. A finales de julio, el Congreso de Palau dijo que “no puede aceptar” una propuesta estadunidense para que el país acepte solicitantes de asilo de otros países. Palau no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados de 1951.
Los obispos católicos estadunidenses han condenado las actividades de control de inmigración de Washington y en octubre, el Papa León XIV lamentó el maltrato a los inmigrantes.
La semana pasada, un juez federal señaló su voluntad de dictaminar nuevamente que la administración Trump no puede deportar rápidamente a migrantes a países distintos del suyo sin darles un aviso significativo y una oportunidad para que expresen sus temores de persecución o tortura si son enviados allí.
