El presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, reveló que el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejó un déficit de 14 mil millones de pesos para la operación financiera en el Poder Judicial de la Federación (PJF), faltas graves de mantenimiento en inmuebles, carencia de recursos materiales para la labor jurisdiccional y puso en riesgo de no cubrirse la primera quincena de septiembre a 50 mil trabajadores; informó que ya dio vista de ello a la Contraloría.
Estamos “frente a un hecho histórico, se están extinguiendo en el Poder Judicial las personas e intereses que se creían intocables. Aquellas redes internas que sólo protegían y servían a unos cuantos y que desconocían las demandas de las personas juzgadoras y de la base trabajadora”, afirmó Vargas Solano al rendir su primer informe de labores, que abarca los primeros 100 días al frente del OAJ.
“Detectamos, entre otros problemas, un déficit de recursos financieros por casi 14 mil millones de pesos; una falta grave de mantenimiento en inmuebles y en los equipos multifuncionales de impresión y escaneo, así como una falta de coordinación entre las distintas áreas del extinto CJF”, añadió.
Presenciaron el informe los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representantes del Congreso de la Unión y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El funcionario afirmó que las anomalías detectadas iban en “detrimento de la impartición de la justicia federal”, ya que se puso en evidencia “que no se contaba con un tabulador de pago vigente, pues el extinto Consejo de la Judicatura decidió que el anterior tabulador feneció el 31 de agosto de 2025, poniendo en riesgo el pago de los salarios de más de 50 mil trabajadores a nivel nacional en la primera quincena de septiembre”.
En su mensaje, indicó que “no se habían generado los estudios jurídicos presupuestales y financieros, a fin de determinar la situación de las personas que señala el artículo 10º transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial relativa al pago ahí previsto”, es decir, los pagos para aquellos jueces y magistrados que decidieron competir en el proceso electoral de junio pasado, o que renunciaron a sus cargos con motivo de la elección judicial.
Ante el cúmulo de anomalías, en las primeras semanas de septiembre el OAJ “determinó tomar una serie de acciones a fin de corregir a la brevedad errores, fallas y omisiones del extinto CJF en materia de remuneraciones”, por lo que se creó un nuevo tabulador en el que se eliminaron los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para quienes ocupan los principales niveles tabulares y al personal de nuevo ingreso.
Expuso que en “102 días de actividades, el OAJ ha sentado las bases de un sistema judicial capaz de responder a las exigencias de un país en constante evolución, gracias a una estructura depurada, renovada y fortalecida”, donde existe “la separación clara entre funciones jurisdiccionales y administrativas”, a través de una gestión responsable de los recursos públicos.
