Estados Unidos empezará a aplicar aranceles a partir del año que viene contra Nicaragua a causa de sus políticas económicas y comerciales juzgadas “irrazonables”, informó la oficina del Representante Comercial (USTR) este miércoles.
Esos aranceles progresivos, a partir de enero de 2026, se aplicarán a todos los productos que no entran dentro del Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con América Central (CAFTA), explicó la entidad en un comunicad.
Los aranceles arrancarán con 0 por ciento el 1 de enero de 2026 y aumentarán al 10 por ciento el 1 de enero de 2027, y al 15 por ciento el 1 de enero de 2028. Cualquier tarifa se acumulará con otras, como la Tarifa Recíproca existente del 18 por ciento “, detalló el texto.
Tras una investigación de doce meses que incluyó más de 2 mil comentarios públicos, de individuos y empresas, la USTR considera probado que “el régimen de Ortega-Murillo incurre en actos, políticas y prácticas irrazonables que obstaculizan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua”.
El presidente Daniel Ortega, exguerrillero de 79 años en el poder desde 2007 y quien gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una “dictadura familiar” junto a su esposa Rosario Murillo, de 74, nombrada copresidenta en febrero por una reforma constitucional.
Nicaragua ha explotado a sus propios trabajadores, lo que ha dado lugar a condiciones de competencia desleales; ha confiscado los intereses de propiedad de instituciones religiosas nacionales y extranjeras y de personas o empresas estadounidenses; y ha creado un entorno de alto riesgo para las empresas de Estados Unidos” detalla el informe de 46 páginas.
La USTR dijo que el calendario para los aumentos arancelarios podría modificarse si Estados Unidos determinara que Nicaragua no muestra avances en la resolución de las preocupaciones en materia de derechos laborales.
El Gobierno de Trump había advertido anteriormente con imponer aranceles de hasta el 100 por ciento a los productos nicaragüenses tras considerar que las políticas laborales y de derechos humanos del país no eran razonables y obstaculizaban el comercio estadunidense.
Con información de AFP y Reuters.
