Tras un giro inesperado de su política familiar, China ha decidido gravar con un impuesto de 13% a los condones y otros anticonceptivos, medida que entrará en vigor en enero del 2026.
Esta decisión, que pone fin a una exención fiscal de tres décadas, forma parte de un paquete de incentivos para impulsar la natalidad en un país que enfrenta una población en declive por tercer año consecutivo.
La nueva ley de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), aprobada recientemente por el Parlamento chino, elimina la exención que regía desde 1993, época en la que el gobierno promovía activamente los métodos de control de natalidad bajo la estricta política del hijo único.
En su lugar, se introducen exenciones fiscales para servicios de cuidado infantil (como guarderías y jardines de infantes), residencias para ancianos, proveedores de servicios para discapacitados y actividades relacionadas con el matrimonio, con el objetivo de fomentar la formación de familias y reducir los costos asociados a la crianza.
El contexto de esta medida es alarmante: en 2024, China registró solo 9.54 millones de nacimientos, la mitad de los 18.8 millones de hace una década, cuando se levantó la política del hijo único en 2015.
La tasa de fertilidad se ha desplomado a 1.09 hijos por mujer, por debajo del umbral de reemplazo de 2.1, lo que amenaza el crecimiento económico y agrava el envejecimiento poblacional.
China ha implementado también una serie de medidas pronatalistas en los últimos años, como subsidios en efectivo, extensiones de licencias de maternidad y paternidad, y directrices para limitar los abortos no médicamente necesarios.
Sin embargo, los costos elevados de criar un hijo –estimados en 538 mil yuanes (unos 76 mil dólares) hasta los 18 años, según un informe del Instituto de Investigación de Población YuWa– siguen disuadiendo a los jóvenes, en medio de una desaceleración económica y un cambio en los valores sociales hacia la estabilidad personal y la carrera profesional.
El demógrafo He Yafu, del Instituto YuWa, califica la eliminación de la exención fiscal como “en gran medida simbólica y poco probable que tenga un impacto significativo en el panorama general”.
En su opinión, esta medida refleja más un esfuerzo por moldear un entorno social que fomente el parto y reduzca los abortos, que un cambio estructural real.
La noticia del impuesto a los anticonceptivos ha generado un debate acalorado en redes sociales, donde los usuarios expresan preocupación por los riesgos para la salud pública.
De hecho, China reporta un incremento en los casos de VIH, de 0.37 por cada 100 mil personas en 2002 a 8.41 en 2021, atribuido en parte a relaciones sexuales sin protección, agravado por el estigma y la escasa educación sexual.
Expertos internacionales ven esta política como un “giro irónico” de la era del control coercitivo –que incluía abortos forzados y esterilizaciones– hacia incentivos más sutiles, aunque dudan de su éxito sin reformas más profundas en vivienda, empleo y equidad de género.
Mientras tanto, el gobierno chino insiste en que estas medidas son pasos necesarios para “construir una sociedad familiar amigable”, pero el escepticismo persiste en un país donde la juventud prioriza la supervivencia económica sobre la expansión familiar.
