La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano señalado por presunta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos criminales.
Se trata del dueño del 50 por ciento de la franquicia de Miss Universo y de un conglomerado que incluye casinos y hospitales y empresas de seguridad.
El pasado 26 de noviembre la Fiscalía General de la República comunicó que la investigación del empresario estaba en curso y que se encontraba obteniendo datos.
El mismo día Rocha Cantú se acogió al criterio de oportunidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada como testigo colaborador luego de que un juez federal libró órdenes aprehensión en contra de él y otras 12 personas por los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.
La Jornada posee copia de esa orden de aprehensión y en ella se menciona que en contra del empresario -quien desde el pasado 28 de noviembre obtuvo el beneficio de ser testigo colaborador-, es presunto responsable de delitos en materia de hidrocarburos, tráfico de armas y delincuencia organizada.
La carpeta de investigación iniciada en 2024, refiere que su integración tuvo su origen “derivado de la denuncia de ese hecho delictivo perseguible de oficio, mediante escrito de denuncia anónima, de 29 de noviembre de 2024, remitida por el Encargado de la Ventanilla Única de Atención, mediante oficio FGR/FEMDO/VUA/2447/2024, de la cual se desprende la denuncia contra una organización criminal”.
En el escrito con el cual se libró el mandamiento judicial señala que además de Rocha Cantú a este grupo delictivo “pertenecen las personas hasta ahora identificadas como ‘Kevin’, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, ‘Alejandro’, ‘Íker’ y Daniel Roldan, quienes se dedican a cometer delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico, compra y venta de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como los relacionados en materia de hidrocarburos”.
El documento de la FGR sostiene que en la “denuncia en la que indican que la persona identificada como Kevin, es líder de la gente que vende armas de grueso calibre en la Ciudad de México, dichas armas ingresan al país por la frontera de Guatemala y son trasladas vía terrestre desde el sur de la República mexicana, ocultas en autobuses que traen ropa y fayuca que llega a Pino Suárez; quien le envía las armas y está de planta en Guatemala, es la esposa de ‘Charly’ y ‘Kevin’ vende las armas a través de internet y las publica en su perfil de Whatsapp“.
Los otros presuntos involucrados y que son mencionados “son socios de la empresa de seguridad que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México” y “utilizan la citada empresa de seguridad para ‘lavar’ dinero de otras organizaciones delictivas como La Unión y Cártel Jalisco Nueva Generación, además de que utilizan el giro de la empresa, facilitan la compra y venta de armas, remarcan las armas y venden”.
