El Congreso de la Ciudad de México acusó a los alcaldes panistas de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de financiar a grupos violentos con recursos públicos, como fue el caso de la marcha de la generación Z, donde movilizaron a grupos de vendedores ambulantes, por lo que el pleno pidió que se investigue a ambos funcionarios, a quienes llamó a separarse de sus cargos mientras se realizan las pesquisas.

La coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, advirtió que si continúan estas conductas se les podría iniciar un juicio político, luego de que se dieron a conocer los nombres de los operadores políticos que, se presume, movilizaron a los comerciantes con la amenaza de quitarles sus espacios de venta.

Tras más de cuatro horas de debate, se aprobó el exhorto, que incluye otro a la Contraloría para investigar a ambos funcionarios, y una solicitud a la Junta de Coordinación Política para que emita un acuerdo parlamentario a fin de integrar una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones respecto de los actos de violencia cometidos durante la marcha del sábado.

En tribuna, el diputado de Morena Paulo García, promovente del punto de acuerdo, exhibió los nombres de quienes supuestamente encabezaron la movilización de los informales; señaló a Rubén Jiménez Barrios, actual líder de comerciantes ambulantes y secretario adjunto de la presidencia del PRI capitalino.

Al respecto, la diputada Silvia Sánchez Barrios deslindó a su familia de los hechos violentos y sostuvo que “seguramente recibió presiones y chantajes de la alcaldesa (Alessandra Rojo de la Vega) para llevar a sus agremiados al Zócalo; sin embargo, “todos en mi familia somos adultos y respondemos por nuestras acciones, y Rubén debe dar una explicación”.

También acusó a los concejales Grecia Maribel Jiménez Hernández y Jean Leonet Jiménez Hernández, y al secretario de Operación Política del PRI, Rubén Erik Alejandro Jiménez Hernández, de “obligar” a los comerciantes a acudir a la marcha a partir de una supuesta orden directa de Rojo de la Vega.

En la alcaldía Miguel Hidalgo, señaló a Roberto Arceo Trujillo, subdirector, quien además forma parte de una organización de comerciantes y artesanos, como la persona que “coordinó a golpeadores para ejercer violencia contra policías”. Y a Alberto González Mancilla, ex candidato a consejero regional del PAN y capacitador electoral de ese partido, como una de las personas que saltó una valla instalada en el Zócalo para llegar a Palacio Nacional y enfrentarse a policías.

El punto de acuerdo, que fue rechazado por los panistas, exhorta a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a continuar con las indagatorias sobre la participación de grupos violentos en la marcha.

Asimismo, instó a las dirigencias de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a que se sumen a la condena de los actos de violencia.