Dos empresarios de Texas fueron acusados por presuntamente sobornar a funcionarios de la petrolera estatal mexicana Pemex con 150,000 dólares y artículos de lujo para asegurar contratos, anunció el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por su sigla en inglés).
Entre 2019 y 2021, Ramón Rovirosa y Mario Ávila, ambos ciudadanos mexicanos y residentes permanentes legales en Estados Unidos, conspiraron para pagar sobornos a funcionarios de Pemex y su brazo de exploración y producción, conocido como PEP, según una acusación revelada en el Distrito Sur de Texas.
Rovirosa también está supuestamente vinculado a miembros de cárteles mexicanos, según informó el DOJ en un comunicado. Rovirosa, de 46 años, fue procesado, mientras que Ávila, de 61, permanece en libertad.
Reuters no pudo contactar de inmediato a los abogados de Rovirosa y Ávila. Pemex no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Junto con otros cómplices, Rovirosa y Ávila presuntamente pagaron sobornos en forma de dinero en efectivo y artículos de lujo, entre ellos de Louis Vuitton y Hublot, a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP.
Los funcionarios de Pemex están acusados de ayudar a empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos por valor de al menos 2.5 millones de dólares, según el comunicado.
México y su empresa estatal Pemex han estado salpicados durante décadas por la corrupción, con varios funcionarios de alto nivel enfrentando cargos, entre ellos el exdirector general Emilio Lozoya.
Lozoya, a su vez, ha acusado de corrupción a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas, junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y más de una docena de personas.
Andrés Manuel López Obrador, quien fue presidente de México durante el tiempo que abarca la acusación, se había comprometido a erradicar la corrupción que había asolado al país y a su empresa más importante durante décadas.
Aun así, la clasificación de México en materia de corrupción descendió.
Rovirosa y Ávila están acusados cada uno de un cargo de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y tres violaciones sustantivas de la misma.
La ley prohíbe a ciudadanos, empresas estadounidenses o personas y compañías extranjeras en Estados Unidos pagar a funcionarios extranjeros para conseguir negocios.
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