CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una consulta entre más de 7 mil personas menores de 17 años realizada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló la desconfianza y la “frustración” que viven niñas, niños y adolescentes por las dificultades para acceder a la justicia.
La consulta, realizada en diversas regiones del mundo, para generar la “Observación General Número 27 sobre el derecho de los niños al acceso a la justicia y a un recurso efectivo”, cuyo texto final fue dado a conocer este lunes por Tejiendo Redes Infancia, alertó sobre las consideraciones de que las instituciones de procuración de justicia están “profundamente centradas en los adultos, invalidando o ignorando con frecuencia sus experiencias como niños y tratándolos como incapaces debido a su edad”.
El documento fue adoptado por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, durante su 101 periodo de sesiones, llevado a cabo durante el mes de septiembre pasado, resaltando los señalamientos de las infancias de que “los adultos solían desestimar sus denuncias por considerarlas exageraciones o productos de la imaginación, excluyéndolos de las decisiones que afectan directamente a sus vidas”.
“Los niños expresaron una profunda frustración y desconfianza hacia los mecanismos formales de justicia existentes, describiendo los tribunales y las fuerzas del orden como intimidantes, orientados a los adultos y lentos, y el proceso judicial como frecuentemente revictimizante.
“Muchos señalaron que tenían miedo de presentar denuncias por temor a represalias, reacciones adversas de familiares o compañeros, estigmatización comunitaria o simplemente a que las autoridades no les creyera”, resumieron los expertos del Comité en la “Observación General Número 27”.
El documento advirtió que, pese a la existencia de la Convención Internacional, los protocolos facultativos y los cambios a favor de la niñez en prácticamente todo el mundo, no hay garantías plenas para esta población, pues “millones de niños sufren diariamente violaciones de sus derechos, entre otras la denegación del acceso a la salud, la educación y la protección social”, a lo que se suman “situaciones de violencia, explotación, discriminación y exclusión”.
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Todo ello, agravado en momentos de crisis, ocurre mientras “muy pocos niños tienen acceso a la justicia y a recursos efectivos frente a las violaciones de sus derechos”.
En su resolución, el Comité de los Derechos del Niño destacó que la situación es más grave aún entre las poblaciones vulnerables, “niños con todo tipo de discapacidades, los niños no verbales, los neurodivergentes, los niños de corta edad, los niños LGBIQ, los niños pertenecientes a las minorías étnicas, los niños indígenas, los niños sin condición jurídica reconocida o sin nacionalidad, los niños separados de sus familias y no acompañados, los niños privados de libertad, acogidos en modalidades de cuidado o en detención, los niños cuyos progenitores están encarcelados o no están casados y los niños con experiencia digital limitada”.
En la “Observación General Número 27”, el Comité resaltó la importancia de “garantizar el acceso a la justicia y a un recurso efectivo frente a violaciones y abusos de los derechos de los niños en casos de daño inminente o previsible”.
Alentó a los Estados parte a garantizar “recursos efectivos para prevenir o detener daños continuados o futuros, particularmente cuando el tiempo sea un factor esencial”, que deberán ser aplicables en “actividades empresariales, incluso en el entorno digital, y aquellos relacionados con la separación de los niños de sus familias, la deportación de niños o de sus cuidadores, particularmente cuando exista riesgo de devolución, las amenazas a la vida del niño, el acceso al tratamiento médico, el acceso efectivo a servicios de salud reproductiva y de aborto seguro para las niñas y el acceso a la educación”.
El Comité de expertos advirtió que el acceso a la justicia para la población infantil “no debe estar condicionado a que un niño presente una reclamación o que esta sea presentada en su nombre”, como ocurriría en el caso del entorno digital, “los Estados deben adoptar de oficio las medidas necesarias para identificar (a las víctimas) y proporcionar vías de reparación”.
Para el Comité “el acceso a la justicia debe garantizarse durante las crisis, incluidos los conflictos armados, los desastres, las pandemias y las emergencias climáticas”, momentos en los que los Estados deberán de establecer “mecanismos de denuncias de emergencia y procesos de reparación sobre el terreno para documentar las violaciones a medida que ocurran y garantizar, en la medida de lo posible, la rendición de cuentas centrada en los niños en tiempo real”.
La “Observación General Número 27” insta a los Estados parte a “establecer mecanismos de denuncia” que sean accesibles para los niños, como “líneas telefónicas de ayuda, buzones de denuncias y diversos medios digitales, así como servicios presenciales, intervenciones de acercamiento a la comunidad, centros remotos y centros de atención digital”.
El Comité de los Derechos del Niño alentó a los Estados parte a, dependiendo de los casos, “desarrollar y fortalecer mecanismos alternativos de resolución de controversias centrados en los niños, así como mecanismos de justicia restaurativa dentro del sistema judicial y, paralelamente a él, que sean gratuitos, impliquen un formalismo limitado y puedan resultar más accesibles para los niños y dar lugar potencialmente a soluciones más apropiadas para ellos que las vías formales”.
En la “Observación General Número 27”, el Comité de expertos también hace recomendaciones a “instituciones independientes de derechos humanos”, para recibir denuncias individuales o colectivas de niños y sus padres sin representantes legales, así como de las organizaciones de niños, “remitir los casos a otros órganos competentes y supervisar los avances”.
Las obligaciones de recepción de denuncias y reparar daños a niños y comunidades también implican a “las empresas y las instituciones privadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil”.
Entre las empresas que tienen obligaciones de garantizar los derechos de los niños el Comité considera a “los proveedores de servicios digitales, las empresas del sector de los viajes y el turismo, las empresas farmacéuticas y alimentarias, y los fabricantes y distribuidores de productos destinados a los niños”.
El Comité de Derechos del Niño hace una serie de recomendaciones a los Estados parte destinados a combatir la discriminación estructural, la accesibilidad jurídica, la accesibilidad económica, práctica y tecnológica, así como para grupos con distintos grados de vulnerabilidad, a fin de garantizar el acceso a la justicia.


