TUXTLA Gutiérrez, Chis. (apro).-El entramado de la presunta red de influencias que favoreció al empresario José Alfredo Hernández Casillas y que derivó en la renuncia de la consejera presidente Guadalupe Taddei, también alcanzó las arcas del órgano electoral local de Chiapas durante el periodo del “Grupo Tabasco”, al frente del gobierno estatal con Rutilio Escandón.
De acuerdo con registros oficiales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), se detectó la asignación de al menos dos contratos para la adquisición de papelería, urnas, paquetes y material electoral a favor de empresas pertenecientes a este grupo económico, que sumaron un monto de casi 180 millones de pesos.
En una de las licitaciones empresas del mismo proveedor simularon competir.
Las adjudicaciones a las empresas Cajas Graf y Formas Finas y Materiales ocurrieron durante la gestión de Oswaldo Chacón Rojas al frente del organismo público local electoral, lo que pone bajo escrutinio la concentración de proveedores y los costos de la papelería y el material electoral.
Chacón Rojas se desempeña actualmente como rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), la institución pública de educación superior más grande del estado.
El modus operandi: sobreprecios y falsa competencia
La revisión de los expedientes de contratación del IEPC Chiapas, en poder de Proceso, muestra la forma en que las firmas de este consorcio en la entidad entraron de lleno a la proveeduría del organismo.
En marzo de 2018, Cajas Graf obtuvo un contrato por 74.9 millones de pesos para suministrar paquetes, urnas y material electoral. El 15 de febrero de 2021, el Comité de Adquisiciones adjudicó a Formas Finas y Materiales otro contrato por 104.9 millones de pesos.
Los documentos oficiales muestran que Cajas Graf y Formas Finas y Materiales participaron en procesos de licitación, presentándose ante la autoridad electoral como competidoras independientes.
Hasta el momento, no existen registros de que el IEPC haya investigado o documentado una posible coincidencia de intereses entre ambas licitantes, pese a que en sesiones del Consejo General se había advertido sobre la concentración de proveedores y los sobrecostos en la compra de papelería electoral.
Pero además, en noviembre de 2018, durante las elecciones extraordinarias en diez municipios de Chiapas, se denunciaron incrementos atípicos en las cotizaciones de la empresa Gráficos Corona.
La compañía cotizó un aumento superior al seil mil por ciento en el costo de impresión de las boletas para esos comicios.
Mientras que, en el caso de las actas de la jornada electoral extraordinaria, el precio unitario pasó de 60 pesos en la elección ordinaria a 786 pesos, un incremento superior a mil 200 por ciento.
En una sesión correspondiente el proceso de 2018, la entonces consejera estatal Laura León Carballo intervino para mencionar que había pedido las cotizaciones de la empresa Gráficas Corona, y mencionó que en la licitación participaron otras cinco empresas “que pareciera que son del mismo consorcio porque las cotizaciones son muy similares”.
“Yo quiero expresar mi preocupación y solicitar un informe que se rinda a todos los integrantes de este consejo, porque no puedo entender cómo Formas inteligentes nos cotizó cada boleta electoral para ayuntamiento en 80 centavos y la empresa Gráficas Corona cada boleta nos las está cotizando en 54 pesos”, dijo entonces la consejera al comparar con una licitación anterior para el proceso ordinario. Y continuó:
“En el caso de la elección ordinaria fueron 3.6 millones de boletas, que al costo de 80 centavos nos costaron 2.9 millones de pesos. En el caso de empresas Gráficas Corona estamos hablando de 62 mil boletas con un monto de 3.4 millones de pesos. Es decir, nos salió más barato en el proceso ordinario que hacer 62 mil boletas en este proceso extraordinario. Estamos hablando de un incremento de 6 mil 775 por ciento, y sí quisiera una explicación”, remarcó la consejera.
Incrementos similares se dieron en las actas de escrutinio y cómputo, las actas de cómputo de consejos, los paquetes y las bolsas para el material electoral para la elección extraordinaria en los 10 ayuntamientos donde se tuvieron que realizar ese año 2018.
En esa ocasión se mencionó por parte de la secretaría administrativa en el Consejo que la justificación de la empresa fue que algunos materiales se debían adquirir en gran volumen porque así se encuentran en el mercado, y que en el proceso ordinario había salido más barato porque se trató de un mayor volumen de boletas y material electoral.
Pero la consejera León Carballo reiteró: “no se justifica que unas boletas que fueron cotizadas en 80 centavos y que tenían siete medidas de seguridad, la empresa Gráficas Corona las esté cotizando en este proceso electoral en 54 pesos, con sólo cuatro medidas de seguridad”.
Chacón: todo se auditó
Ante los señalamientos que comenzaron a surgir en la entidad después de conocerse las asignaciones y la relación de Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández en el INE, Oswaldo Chacón Rojas publicó un mensaje en sus redes sociales sobre el tema.
Afirmó que las preguntas sobre su gestión son legítimas y sostuvo que los procedimientos de contratación de 2018 y 2021 fueron públicos, documentados y sometidos a auditorías.
El exconsejero presidente del IEPC aseguró que las adjudicaciones se realizaron mediante licitaciones públicas nacionales y que las empresas cuestionadas tienen presencia recurrente en el mercado electoral, caracterizado -dijo- por una alta concentración de proveedores.
Añadió que la participación reiterada de estas compañías no demuestra, por sí sola, una conducta ilegal.
Chacón rechazó que la trama nacional de presuntas irregularidades vinculada con funcionarios del INE y empresarios corresponda a los procesos realizados en Chiapas. Sostuvo que el Comité de Adquisiciones actuó con libertad y transparencia y que las revisiones de los órganos de control, así como las auditorías de las instancias estatal y federal y del INE, no derivaron en observaciones, según su versión.
“En democracia, las preguntas son legítimas y el compromiso ineludible con el escrutinio público”, expresó, al defender la investigación periodística y la revisión de los expedientes como mecanismos necesarios para la rendición de cuentas.
La oficina de Comunicación Social del IEPC fue consultada sobre los señalamientos, pero indicó que, por el momento, el organismo no hará declaraciones al respecto.
