XALAPA, Ver.– Siete minutos bastaron para abandonar 35 cuerpos a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas de Boca del Río.
Era septiembre de 2011. Cinco vehículos bloquearon el tránsito mientras dos camionetas se detenían sobre el bulevar. Entre 10 y 15 hombres encapuchados descendieron, bajaron los cuerpos y los dejaron sobre el asfalto. Después huyeron hacia casas de seguridad, donde la instrucción era resguardarse y esperar nuevas órdenes.
El grupo llegó al puerto de Veracruz apenas 20 días antes. La orden provenía de César Cazarín Molina, alias el Comandante Tornado, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho –abatido el 22 de febrero último–: había que hacer una limpia de Los Zetas y quedarse con el negocio del tráfico de drogas.
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En sólo dos semanas el comando secuestró y asesinó a 67 personas. Las víctimas eran señaladas, sin más prueba que una sospecha, de pertenecer o colaborar con el grupo rival. Treinta y cinco de ellas terminaron expuestas en Boca del Río, en una operación que tenía como finalidad enviar un mensaje público violento.
Quince años después la sentencia de 70 años de prisión contra Víctor Hugo “N”, identificado como uno de los autores intelectuales, permite reconstruir por primera vez, mediante las declaraciones de los propios sicarios, cómo se organizaron y ejecutaron aquellas semanas.
Los expedientes judiciales de la entonces Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada –consultados por Proceso– revelan la llegada del comando, el uso de casas de seguridad, el traslado de las víctimas y las órdenes que precedieron a los asesinatos. También recuperan la voz del único sobreviviente: un hombre que soportó días de cautiverio y tortura, que fingió estar muerto y pudo contar lo ocurrido dentro de uno de esos inmuebles.
La instrucción del Capi
A finales de agosto de 2011 Alfredo Carmona, el Capi, recibió dos mil pesos para viáticos, la instrucción de trasladarse al puerto de Veracruz y ponerse bajo las órdenes del Potro, jefe de plaza de la organización.
Carmona ingresó al grupo en 2009 como chofer y halcón, según declaró ante las autoridades. En Veracruz se integraría a un comando que después sería conocido como Los Matazetas, brazo armado del CJNG. Eran los primeros años del gobierno de Javier Duarte y Los Zetas mantenían el control criminal de buena parte del territorio.
Cuando el Capi llegó la operación ya estaba en marcha. Un grupo había preparado viviendas, vehículos y distribución de tareas. Uno de sus integrantes se hizo pasar como empresario constructor y, mediante dos empresas falsas, rentó 12 casas en varios fraccionamientos de Veracruz y Boca del Río.
Los integrantes del comando llamaban “oficinas” a esas viviendas. Eran casas de seguridad utilizadas para concentrar a los sicarios, almacenar armas y mantener cautivas a las personas que consideraban integrantes, informantes o colaboradores del grupo contrario. Algunas serían asesinadas dentro de esos inmuebles.
Desde Jalisco y distintos puntos de Veracruz llegaron sicarios, halcones y operadores encargados de la logística. Entre ellos había también un venezolano. La paga alcanzaba los 18 mil pesos mensuales, además de bonos y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Cada integrante tenía una función: vigilar, conducir, conseguir vehículos, custodiar las casas o participar en los secuestros y asesinatos.
La estructura de aquella operación quedó registrada en expedientes judiciales consultados por Proceso, algunos de los cuales han permanecido cerca de 14 años en litigio. Las declaraciones permiten reconstruir cómo los integrantes del comando fueron distribuidos en las viviendas y quedaron bajo el mando del Potro, quien decidía cuándo podían salir, a quién debían buscar y qué hacer con las personas detenidas.
Testigos, cuya identidad permanece bajo reserva, señalaron que…
Fragmento del reportaje publicado en la edición 39 de la revista Proceso correspondiente a septiembre, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
