El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación sustitutiva contra 17 miembros del Instituto Mabna, con sede en Irán, por una campaña de ciberataques que desde 2013 afectó a 144 universidades estadounidenses, 178 extranjeras, 42 empresas privadas., 11 compañías extranjeras y agencias gubernamentales.
Los fiscales sostienen que los acusados robaron más de 31 terabytes de datos académicos y propiedad intelectual, incluyendo investigaciones científicas, credenciales de acceso y correos electrónicos de empleados. Parte de estas operaciones se realizaron en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La acusación formal modificada alega que, a instancias de entidades como la Guardia Revolucionaria Islámica, estos acusados piratearon universidades y otras instituciones de investigación en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, robando al menos 31 terabytes de información y propiedad intelectual de valor incalculable”, afirmó John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional.
Más de ocho años después de hacer pública la acusación original, estos cargos dejan claro que el paso del tiempo no nos disuadirá de identificar y perseguir a quienes atacan a Estados Unidos desde el extranjero. Las operaciones cibernéticas se han convertido en un instrumento fundamental del poder nacional”, declaró Jamie McDonald, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.
Los cargos presentados hoy dejan claro a los ciberdelincuentes de todo el mundo: el FBI tiene buena memoria y el tiempo no mermará nuestra determinación de buscar justicia”, añadió Brett Leatherman, subdirector de la División Cibernética del FBI.
El funcionamiento del Instituto Mabna
Fundado en 2013 por Gholamreza Rafatnejad y Ehsan Mohammadi, el Instituto Mabna contrató hackers a sueldo para realizar intrusiones cibernéticas y vender datos robados. Los sitios Megapaper y Gigapaper ofrecían acceso ilegal a bibliotecas académicas y recursos científicos sustraídos de universidades estadounidenses y extranjeras.
Los ataques comprometieron más de 8,000 cuentas de profesores en universidades de países como Australia, Canadá, Alemania, Israel, Japón, España y Reino Unido, y se extendieron a agencias como el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la Comisión Federal Reguladora de Energía, gobiernos estatales y organismos internacionales como la ONU y Unicef.
El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ofreció hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la localización de cinco de los acusados principales: Behzad Mesri, Mojtaba Galekuhi, Arman Kahzadian, Keyvan Fayaz y Sabre Shahbazi Ballojeh.
