En lo alto de las lomas que dominan las columnas romanas de Sebastia, en el norte de la Cisjordania ocupada, familias palestinas han cultivado olivos durante generaciones. Esa tierra, su sustento y su historia, está siendo arrebatada pieza por pieza por Israel, el organismo militar que gobierna Cisjordania, bajo la excusa de “conservar” un yacimiento arqueológico.
El plan contempla la expropiación de unas 180 hectáreas alrededor de Sebastia y otras 32 hectáreas cerca de Herodión, el palacio-fortaleza de Herodes el Grande junto a Belén. Israel presenta la medida como una política de preservación histórica, pero para los propietarios palestinos afectados representa algo mucho más brutal: la pérdida de tierras que llevan generaciones trabajando, sin apenas compensación y sin haber sido consultados.
El proceso comenzó a finales de 2025, cuando el Ministerio de Patrimonio israelí inició excavaciones en Sebastia sin coordinación alguna con las autoridades palestinas, y se consumó en febrero de 2026 con una nueva orden de expropiación, después de que las apelaciones de los propietarios fueran rechazadas. En Herodión, la expropiación de terrenos privados palestinos arrancó en junio de 2026 bajo la misma lógica. Arqueología como arma de ocupación
Detrás del lenguaje técnico de “parques nacionales” y “sitios patrimoniales” se esconde una estrategia que organizaciones israelíes como Emek Shaveh y Peace Now no dudan en señalar: la arqueología está siendo utilizada para ampliar el control territorial sobre Cisjordania a una escala sin precedentes bajo el actual Gobierno.
No es casual que el yacimiento de Sebastia se encuentre en el Área C, bajo control pleno israelí, mientras que la aldea palestina que lo rodea —con cerca de 3 mil 600 habitantes que dependen del turismo y del cultivo de olivos— quede relegada al Área B. Esta fragmentación deliberada del territorio permite a Israel actuar sobre las ruinas mientras asfixia económicamente a la comunidad que vive junto a ellas.
El respaldo económico a esta política ha sido masivo. Solo en 2026, el Gobierno israelí destinó alrededor de 250 millones de séqueles a sitios patrimoniales en Cisjordania, a los que se sumaron otras dos partidas cercanas a los 36.5 y 37 millones de dólares para ampliar el control sobre más de setenta sitios históricos, incluidos más de nueve millones de euros solo para el proyecto de Sebastia.
Mientras tanto, a los agricultores y comerciantes locales se les advirtió que no podrán volver a labrar ni utilizar sus propias tierras. Un reconocimiento internacional que no basta
La comunidad internacional ha empezado a tomar nota. El 24 de julio de 2026, la Unesco incorporó Sebastia, mediante un procedimiento de urgencia, tanto a la Lista del Patrimonio Mundial como a la de Patrimonio Mundial en Peligro, señalando explícitamente la expropiación planeada como la principal amenaza al sitio. Es un gesto simbólico importante, pero la Unesco carece de mecanismos coercitivos para frenar las excavadoras.
El horizonte, además, se agrava: en la Knesset avanza un proyecto de ley para crear la Autoridad del Patrimonio de Judea y Samaria, que habilitaría al Ministerio de Patrimonio israelí a expropiar terrenos con fines de “conservación” incluso en áreas bajo administración palestina, ampliando aún más el alcance de esta política.
Para los propietarios de Sebastia y Herodión, el resultado es tangible e inmediato: pérdida de ingresos, pérdida de acceso a sus tierras y la sensación, como describió uno de ellos, de que arrebatarle su tierra es como arrancarle el alma.
