El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La decisión fue tomada por un juez de control, quien además mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el exmandatario. Aguirre permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó durante la madrugada de este miércoles que se otorgó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
¿De qué acusa la FGR a Ángel Aguirre?
La acusación está relacionada con el presunto ocultamiento de información vinculada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como con la posible destrucción de grabaciones de cámaras de seguridad que pudieron haber registrado parte de los acontecimientos ocurridos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Uno de los elementos centrales de la investigación son las grabaciones de cámaras instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la acusación, esas imágenes habrían registrado el momento en que policías municipales y estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes. Se trata de la unidad 1531 de Estrella de Oro.
La FGR realizó un nuevo análisis de las investigaciones existentes y desarrolló nuevos actos de investigación para determinar la posible responsabilidad del exgobernador.
La defensa presentó 31 datos de prueba
Durante una audiencia que se prolongó durante más de 15 horas, la defensa de Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba con el objetivo de desacreditar los señalamientos de la Fiscalía.
Entre las pruebas se incluyeron documentos oficiales, reportes periodísticos y declaraciones de personas relacionadas con la administración estatal de Guerrero.
La defensa también presentó como testigos a Jesús Martínez Garnelo, quien fue secretario de Gobierno durante el mandato de Aguirre, y a Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador general de Seguridad y Transporte Aéreo del estado.
Según las versiones difundidas sobre la audiencia, ambos exfuncionarios sostuvieron que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente recibió las grabaciones y habría ordenado su destrucción, sino que estaba en la Ciudad de México.
Los testigos fueron interrogados tanto por la defensa como por representantes de la Fiscalía.
La defensa busca desacreditar la acusación sobre los videos
Uno de los principales objetivos de la defensa es demostrar que Aguirre no estuvo el 29 de septiembre de 2014 en Chilpancingo, fecha en la que, de acuerdo con la hipótesis de la FGR, habría recibido los videos relacionados con los hechos de Iguala.
La defensa también busca establecer que los funcionarios citados como testigos no estuvieron en reuniones de seguridad realizadas el 30 de septiembre de 2014 en las que supuestamente se habría hablado de instrucciones para destruir o impedir la entrega de las grabaciones.
Estos elementos forman parte de la estrategia para cuestionar la participación que la Fiscalía atribuye al exgobernador.
Aguirre fue detenido el 6 de agosto
Ángel Aguirre Rivero fue detenido el 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, como parte de las nuevas diligencias emprendidas por la Fiscalía General de la República en torno al caso Ayotzinapa.
El proceso se refiere a los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero.
La investigación de la FGR busca establecer qué ocurrió con los estudiantes y determinar la responsabilidad de funcionarios y otras personas que pudieron haber intervenido en los hechos o en el posterior manejo de información y evidencias.
La audiencia fue encabezada por el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En la diligencia también participaron 13 padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
La defensa continúa con el desahogo de los elementos que presentó para intentar demostrar que el exgobernador no participó en la destrucción de pruebas ni tuvo intervención en el manejo de los videos obtenidos en Iguala.
