La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega dictó vinculación a proceso contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete personas más, por su presunta participación en una red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, un delito conocido comúnmente como “huachicol fiscal”.
Tras una exhaustiva audiencia que se extendió por más de 36 horas, la autoridad judicial determinó que los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para iniciar formalmente un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo Appel?
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el caso expone una compleja red de empresas que presuntamente simulaba operaciones comerciales. El objetivo de esta estructura era facilitar la introducción irregular de combustible desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, evadiendo así el pago de los impuestos y contribuciones correspondientes.
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Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y fue detenido recientemente en Ensenada, había reconocido públicamente ser accionista de la empresa investigada; sin embargo, negó tener conocimiento sobre cualquier operación ilícita dentro de la misma.
Prisión preventiva en el penal del Altiplano
Durante la misma audiencia, la jueza ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para el exmandatario estatal. Ruffo Appel permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México.
En este mismo centro penitenciario de máxima seguridad también continuarán su proceso:
Ricardo Thompson Navarro
Juan Hermilo Chávez Rodríguez
José Merino Valdés Cuervo
Luis Antonio Barrientos Juárez
Situación legal del resto de los implicados
Para el resto de los acusados en esta causa penal, la jueza de control dictó medidas cautelares distintas:
Prisión domiciliaria: José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales.
Prisión preventiva en el Estado de México: Adriana Magali Bárcenas Guillén, quien permanecerá en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.
En las siguientes etapas procesales, el Ministerio Público deberá acreditar plenamente sus señalamientos, mientras que la defensa del exgobernador tendrá el derecho de impugnar la resolución y presentar pruebas para desestimar las acusaciones de la FGR. © 2026 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
