Almoloya de Juárez, Méx. Una hora después de lo programado, inició la audiencia en la que una juez de distrito en materia penal federal, adscrita al Centro de Justicia del penal máxima seguridad del Altiplano determinará la situación jurídica del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de siete coacusados a quienes se les imputan delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, ya que presuntamente forman parte de una red de tráfico y contrabando de combustibles al país.
En punto de las 18 horas, la juez Alejandra Ramírez de la Vega, que conoce de la causa 253/2026, dio inicio a la diligencia que, por segunda ocasión, se declara como privada, por lo cual no tuvieron acceso los representantes de los medios de comunicación ni el público. La determinación de cerrar la diligencia fue a petición del Ministerio Público ya que durante el desarrollo de la misma, se daría a conocer la identidad de otros implicados en esta red que aún no han sido capturados.
La audiencia se realiza bajo la modalidad de videoconferencia, por lo que a la sala 1 de diligencias del Centro de Justicia del Altiplano solo se presentó la juez que conoce de la causa penal y personal auxiliar del juzgado, así como cuatro de los imputados recluidos en este penal, pero tanto el ministerio público como los defensores de los imputados participarían a distancia, conectados por videoconferencia, lo mismo que los otros tres implicados.
A Ernesto Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición electo que hubo en el país, se le acusa de ser integrante de esta red de tráfico de combustible de Estados Unidos a México, a través de su empresa Ingemar.
El ex panista y ahora simpatizante del nuevo partido Somos México, habría incurrido en una doble ilegalidad en la importación de combustible de Estados Unidos a México, pues no solo su empresa no reportaba la cantidad exacta que importaba al país, –se reportaba menos volumen que el real que ingresaba a territorio nacional a través de una empresa transportadora ferroviaria—sino además decía que importaba un combustible cuando en realidad introducía otro, con la finalidad de no pagar el impuesto especial de productos y servicios y así evadir al fisco.
Junto con Ruffo Appel, están acusados: Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, así como Adriana Magali Bárcenas Guillén, de Logística Ferroviaria Fargo.
También Armando Riestra Fernández, dueño de la compañía Servicios Aduanales JR, quien ya había sido detenido en enero y los agentes aduanales Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Antonio Barrientos.
Durante la audiencia que inició la tarde de este martes, se escucharán los alegatos de cada uno de los abogados defensores de los imputados, además de que se desahogarán pruebas de descargo que cada uno presente, de tal forma que se espera que la diligencia pueda ser tan larga o más que la del viernes pasado cuando se le hizo saber a cada uno de ellos los hechos que se le imputan.
Esa primera audiencia inició la tarde del viernes y terminó al mediodía del domingo, es decir que duró poco más de 30 horas, con tres breves recesos.
De ser así, sería hasta la noche de este miércoles o la mañana del jueves cuando se conozca si Ernesto Ruffo y sus coacusados son vinculados a proceso penal o se les deja en libertad por falta de pruebas.
