La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez la medida cautelar de prisión preventiva contra Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, y otros siete imputados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La resolución fue emitida tras una audiencia inicial que se prolongó por más de un día, en la que el Ministerio Público Federal presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación.
De acuerdo con la FGR, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación contra Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Tras diversos recesos y el debate entre las partes, el juez determinó imponer distintas medidas cautelares a los imputados mientras continúa el proceso penal.
Ernesto “N” será trasladado al penal del Altiplano
Como parte de la resolución judicial, Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanecerán en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
En tanto, José María “N” y Guillermo “N” cumplirán la medida cautelar en sus respectivos domicilios debido a motivos de salud.
Por su parte, Adriana “N” permanecerá internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Al concluir la audiencia inicial, las defensas de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlos o no a proceso.
Mientras tanto, las medidas cautelares permanecerán vigentes.
Investigación ligada a huachicol
Según la Fiscalía General de la República, las detenciones fueron resultado de un operativo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, derivado de una investigación considerada de alta complejidad.
Las autoridades investigan una presunta red dedicada a realizar operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
De acuerdo con la institución, el esquema investigado consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras.
La FGR explicó que, presuntamente, los responsables reportaban cantidades menores de hidrocarburos a las realmente transportadas o declaraban la carga como si se tratara de otros productos con el propósito de evadir el pago de impuestos.
Este mecanismo, conocido como contrabando de hidrocarburos o huachicol fiscal, representa una afectación económica para el Estado mexicano y, de acuerdo con la autoridad, constituye una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
