La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con la que busca homologar este delito y fijar penas de 50 a 70 años de prisión.
Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaja igual el delito de feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio, que si se conoce la presunción del culpable de quien cometió este delito que, lamentablemente, en la mayoría de los casos es un familiar (…) Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”, detalló la jefa del Ejecutivo.
La mandataria subrayó que este delito registra, a la fecha, una disminución de 36% respecto a 2021. Sin embargo, el ideal es que no haya ni un solo feminicidio en el país.
Al explicar el contenido de la iniciativa, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, dijo que el tipo penal se homologa para especificar que comete este delito quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
Las 10 razones de género que se establecen son: signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, delito motivado por estereotipos o prejuicios, contextos de asimetría de poder, entre otros.
La iniciativa de ley también establece 19 agravantes que aumentan la pena en una mitad: que la víctima esté embarazada o viva con discapacidad; sea periodista, defensora de los derechos humanos o migrante; se cometa por una persona funcionaria pública, o que la víctima presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Además, se prohíben excusas absolutorias o atenuantes.
Buscan unificar lucha contra el feminicidio; plantean penas de 70 años de cárcel
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la que se busca homologar este delito y establecer penas de 50 a 70 años de prisión.
“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio, evitar al máximo que si se conoce la presunción del culpable —que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar— (…). Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”, explicó.
La jefa del Ejecutivo federal señaló que, como la primera mujer Presidenta, asumió la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia, por lo que se elevó a rango constitucional la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial. Además, Sheinbaum Pardo indicó que el delito de feminicidio registra a la fecha una disminución del 36% respecto a 2021; sin embargo, remarcó que el ideal es que no haya ni un solo caso en el país.
Homologación del delito de feminicidio; se contemplan 10 razones de género
Al explicar el contenido de la iniciativa, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la propuesta de ley homologa el tipo penal en todo el país, estableciendo textualmente que: “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”.
Alcalde Luján expuso que se contemplan 10 razones de género, entre ellas: signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, delitos motivados por estereotipos o prejuicios, y contextos de asimetría de poder. Asimismo, se establecen 19 agravantes que aumentan la pena en una mitad, aplicables si la víctima está embarazada o vive con discapacidad; si es periodista, defensora de los derechos humanos o migrante; si el crimen es cometido por una persona servidora pública; o si la víctima presenta signos de violencia extrema, como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Sanciones y reparación del daño por el delito de feminicidio
Además de la pena privativa de la libertad, el responsable perderá los derechos sucesorios, la patria potestad, tutela, curatela, guarda y custodia, y será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público. Bajo esta norma, se prohíben las excusas absolutorias o atenuantes; asimismo, el delito, su sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles, y no procederán criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistías.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, informó que esta iniciativa parte de la premisa fundamental de investigar con la debida diligencia y perspectiva de género, realizando análisis de contexto de violencia, preservando adecuadamente los indicios y manteniendo una estrecha coordinación interinstitucional. La fiscalía especializada y el Ministerio Público intervendrán de manera continua desde el inicio del procedimiento penal hasta la ejecución de las sanciones.
Derechos de las víctimas y sobrevivientes
Finalmente, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, puntualizó que la ley reconoce de forma integral los derechos de las víctimas y sobrevivientes, tales como el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica especializada y gratuita, atención integral para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, servicios de traducción e interpretación, y la entrega digna y respetuosa del cuerpo de la víctima.
