Un juez federal de distrito, P. Casey Pitts, dictaminó este martes que el gobierno de Donald Trump no puede detener migrantes en los tribunales de inmigración, calificando la política como “arbitraria y caprichosa” y señalando que viola la Ley de Procedimiento Administrativo.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, agentes de Seguridad Nacional e ICE han adoptado la práctica de esperar afuera de los tribunales de inmigración para arrestar a personas tras sus audiencias de asilo. Esta táctica generó temor entre migrantes, ya que faltar a una audiencia puede implicar riesgo de deportación, dejándolos sin otra opción que acudir y enfrentar un posible arresto.
El juez Pitts subrayó que ICE y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) “no proporcionaron explicaciones razonadas para sus acciones” y que su presencia en las salas de audiencia tenía un efecto “disuasorio” sobre quienes buscaban ejercer sus derechos.
El asesor del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, criticó duramente el fallo y afirmó que “un extranjero con orden de deportación emitida por un juez de inmigración debería ser tratado igual que un acusado condenado por un delito”. En su cuenta de X, calificó la decisión como “activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas”.
Trump ha insistido en endurecer las medidas contra migrantes sin papeles, argumentando que Estados Unidos enfrenta una “invasión de criminales”. La administración ha puesto a prueba los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, generando un amplio debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos.
