Un tribunal español ordenó que la esposa del jefe del gobierno Pedro Sánchez sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país, según una orden judicial publicada este sábado.
La decisión se suma al abanico de escándalos judiciales que acechan al mandatario de izquierdas, con su hermano y varios excolaboradores cercanos que están siendo juzgados por asuntos de corrupción.
El caso de su esposa, Begoña Gómez, gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió ella y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados.
El juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte veredicto en el caso, según la resolución divulgada este sábado.
El tribunal señala que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que Gómez incumpla con esa resolución.
El auto judicial no fija una fecha para la celebración del juicio.
En abril, el juez había imputado formalmente a la esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.
La investigación comenzó en abril de 2024 para determinar si Gómez se había aprovechado de su posición como esposa del jefe del gobierno para su propio beneficio, acusaciones que tanto ella como Sánchez rechazan.
El jefe del gobierno socialista enmarca el caso en una campaña de la derecha para socavar su gobierno en minoría, que se sustenta en precarios acuerdos en un Parlamento muy fragmentado.
Los partidos de la oposición de derecha han pedido su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones, previstas en principio para el próximo año.
Además de su esposa, el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, ha sido juzgado en las últimas semanas por un presunto trato de favor para obtener un cargo público.
Y en abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.
