MÉRIDA.– El agua de la península de Yucatán, resguardada en un complejo sistema de acuíferos subterráneos, enfrenta una crisis silenciosa que amenaza la salud de miles de familias. Ambientalistas y comunidades locales advierten que las operaciones de la industria porcícola a gran escala están provocando una filtración masiva de desechos hacia el manto freático, una problemática que crece bajo tierra ante la insuficiencia de los sistemas de tratamiento.
“Pues cuál es el tema con las granjas porcícolas así como las zonas urbanas, pues toda el agua residual ya sea que se trate o que no se trate o que simplemente se escurra, llega directamente a los acuíferos”, alertó Guillermo DChristy, presidente de la organización Selvame México.
La geografía del subsuelo peninsular, caracterizada por su alta porosidad, carece de la capacidad de retención que tienen otros ecosistemas del país, lo que acelera el impacto de los contaminantes orgánicos en el agua de consumo humano. De acuerdo con los especialistas, el sector industrial encabeza los factores de riesgo en la región, seguido muy de cerca por el crecimiento demográfico desordenado.
En palabras del propio DChristy: “La primera razón de contaminación de la península de Yucatán son las granjas porcícolas, pero automáticamente después vienen las zonas urbanas”.
Los habitantes de diversas comunidades mayas han denunciado de manera recurrente afectaciones directas a su salud, la persistencia de malos olores y daños severos a sus entornos naturales, lo que ha obligado a las autoridades federales a iniciar procedimientos de clausura por diversas irregularidades operativas. El origen del conflicto radica, en gran medida, en el marco regulatorio actual y en las omisiones fiscales y operativas de las empresas.
“Qué pasa con las granjas en general, bueno pues que las normas de aguas residuales que son muy laxas por un lado y por el otro lado pues los dueños de las granjas utilizan algunas lagunas de la ley”, señaló el activista.
La falta de un cumplimiento estricto de las directrices de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) permite que los residuos terminen en el subsuelo sin el proceso de saneamiento obligatorio que exige la legislación mexicana. Las organizaciones civiles denuncian que muchas de estas instalaciones evaden de forma deliberada los controles básicos de mitigación ambiental. “Lo único que pasa es que estas aguas en lugar de entrar a un tratamiento de aguas residuales, que por lo menos cumpliera con la norma 001, pues no lo cumplen”, enfatizó el presidente de Selvame México.
Investigaciones y datos estadísticos recopilados por organizaciones ambientales y sectores académicos revelan la magnitud de la infraestructura porcina en la región, la cual supera las 500 megagranjas en toda la Península, concentrándose más de 220 de ellas exclusivamente en territorio yucateco. Este volumen de producción satura la capacidad de supervisión de las agencias gubernamentales.
“Es insuficiente para la cantidad de granjas que se tienen, muchas clandestinas también”, apuntó DChristy, destacando la falta de capacidad técnica y operativa para vigilar la totalidad de los complejos.
El factor económico juega un papel determinante en la evasión de las responsabilidades ecológicas, ya que el costo de implementar plantas de tratamiento adecuadas reduce los márgenes de ganancia de los productores, incentivando prácticas que simulan una disposición final correcta pero que en realidad dispersan el contaminante.
“Como no hay un incentivo para limpiar el agua y como es un costo limpiar el agua como debiera ser, pues las granjas las canalizan a la selva, la meten a aspersión y lo riegan, pensando que ahí ya desaparece el problema”, explicó el especialista.
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La práctica del riego por aspersión con aguas sin tratar en terrenos selváticos acelera el proceso de degradación ambiental, debido a las características geológicas particulares de la entidad que impiden la purificación natural del recurso hídrico. Ante este escenario, las comunidades originarias exigen justicia ambiental, mientras los activistas demandan auditorías independientes y un endurecimiento real de los castigos. “El tema es que como no tenemos suelo, todo lo que se disperse en la selva como aguas mal tratadas o aguas residuales pues se infiltra al acuífero”, agrega Guillermo DChristy.
