El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este lunes que, desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, su gobierno ha transferido a 313 personas buscadas por la justicia mexicana para que enfrenten procesos judiciales en México.
El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X (antes Twitter) tras la captura y entrega de un ciudadano mexicano buscado por prostitución de un menor y agresión sexual. Elementos de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande detuvieron al hombre y lo pusieron a disposición de las autoridades mexicanas.
Johnson describió el caso como un ejemplo de la cooperación que impulsan Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. “Juntos llevamos a los criminales ante la justicia y hacemos que nuestras naciones estén más seguras”, escribió el diplomático.
(Captura de pantalla)El anuncio se produce días después de que representantes de decenas de agencias de seguridad de México y Estados Unidos se reunieran en la embajada estadounidense en el marco del Grupo Bilateral de Implementación, para revisar avances en materia de crimen organizado, robo de combustible, seguridad fronteriza, migración irregular y tráfico de armas.
México ha presentado 269 solicitudes de extradición sin que ninguna se concrete
Pese a este anuncio, anteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido en repetidas ocasiones que Washington atienda las solicitudes formales de extradición presentadas por México.
El canciller Roberto Velasco Álvarez precisó el 19 de mayo en conferencia de prensa que el gobierno mexicano ha enviado al menos 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026. De ese total, 36 fueron rechazados y 233 permanecen pendientes; 183 de esos casos son peticiones formales de extradición.
(CUARTOSCURO)Entre los expedientes que México reclama está el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También figura Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de operaciones con factureras, cuya solicitud fue negada al argumentar que no se trata de un delito violento.
Sheinbaum también ha pedido la entrega de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa, entre otros.
Transferencia y extradición, ¿cuál es la diferencia?
Sin embargo, las 313 transferencias que documenta Johnson y las 269 extradiciones que reclama Sheinbaum no se refieren al mismo mecanismo. La extradición es un proceso legal y diplomático que opera bajo tratados internacionales, requiere pruebas, órdenes judiciales y permite a la persona interponer amparos y revisiones ante un juez. Puede tardar meses o años.
Las transferencias son, en la mayoría de los casos, deportaciones coordinadas. La persona es detenida en Estados Unidos por violaciones a las leyes migratorias, no porque México la busque. Durante el proceso, las autoridades detectan una orden de aprehensión vigente en México y aceleran la expulsión. Al cruzar la frontera, las autoridades mexicanas ejecutan la orden.
El mecanismo agiliza los tiempos para ambos gobiernos: Estados Unidos retira de su territorio a personas con antecedentes delictivos y México logra detener a prófugos sin esperar un litigio internacional prolongado.
Sara Carter advierte que Estados Unidos sigue apuntando a políticos mexicanos
Sara Carter habló en la víspera de tener a funcionarios mexicanos en la mira por supuestos nexos criminales. REUTERS/Daniel ColeLas declaraciones del embajador también se dan en medio de las de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, quien en la víspera advirtió que la administración Trump continúa apuntando a funcionarios mexicanos coludidos con el crimen organizado.
En una entrevista con el programa American Thought Leaders, Carter dijo que las acciones de su gobierno buscan desmantelar las redes financieras y de protección política que han permitido la operación de los cárteles. “Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos”, afirmó.
Carter puso como ejemplo de cooperación el operativo que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Señaló que fue inteligencia estadounidense la que localizó al capo, pero que la operación la ejecutaron las autoridades mexicanas con apoyo de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
Sheinbaum optó por no responder directamente a Carter. “Es muy difícil contestar cada declaración del gobierno de Estados Unidos. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Es su opinión y nosotros tenemos nuestra postura”, dijo en conferencia de prensa este lunes. La mandataria reiteró su posición de “colaboración sin subordinación” y pidió a Washington reforzar los operativos de decomiso de armas enviadas a México.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó la postura de Sheinbaum y afirmó que cualquier funcionario señalado de tener vínculos con el crimen organizado “debe pagar por ellos y debe ser juzgado por las autoridades mexicanas”, según declaró a medios de comunicación este lunes.
