La Bahía de Ohuira, en el norte de Sinaloa, se ha convertido en uno de los escenarios más relevantes del debate nacional sobre desarrollo industrial, derechos indígenas y protección ambiental. En esta región costera, considerada un ecosistema de alto valor ecológico, social y cultural, continúa la supervisión federal sobre la construcción y operación de la denominada Planta de Amoniaco de 2,200 toneladas métricas por día (TMPD) en Topolobampo, un proyecto que durante más de una década ha enfrentado procedimientos judiciales, consultas indígenas, inspecciones ambientales y una intensa discusión pública.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró que mantiene acciones permanentes de vigilancia, inspección y seguimiento ambiental, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para garantizar que el proyecto opere dentro del marco legal vigente y que las inquietudes de las comunidades sean atendidas.
¿Qué es la Bahía de Ohuira y por qué importa?
La Bahía de Ohuira forma parte de un complejo sistema lagunar costero que sostiene actividades pesqueras, ecosistemas de manglar, biodiversidad marina y formas de vida tradicionales vinculadas al pueblo indígena Mayo-Yoreme.
Su riqueza ambiental la convierte en un patrimonio estratégico para el noreste de México. Las comunidades locales dependen de la pesca y de los servicios ambientales que proporcionan estos ecosistemas, razón por la cual cualquier proyecto industrial en la zona genera un amplio escrutinio social y ambiental.
La discusión no se limita a la instalación de una planta industrial. En el fondo se encuentra una pregunta que ha marcado numerosos conflictos ambientales en México: cómo conciliar el desarrollo económico con la conservación de ecosistemas considerados esenciales para la identidad y la subsistencia de las comunidades locales.
El origen del proyecto y la intervención de la Corte
La planta de amoniaco fue autorizada originalmente en materia de impacto ambiental durante administraciones federales anteriores, en 2014. Posteriormente recibió una ampliación de plazo en 2018.
Sin embargo, el proyecto entró en una nueva etapa jurídica cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2021 que debía realizarse una consulta indígena a las comunidades potencialmente afectadas.
La resolución representó un precedente relevante en materia de derechos de los pueblos originarios, al establecer la obligación de garantizar mecanismos de participación previa, libre e informada antes de la consolidación de proyectos con posibles repercusiones territoriales y ambientales.
Como consecuencia de ese fallo, la Semarnat dejó sin efectos las autorizaciones previas y organizó un nuevo procedimiento de consulta entre mayo y septiembre de 2022.
Llegada a la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, de las estructuras industriales como parte del montaje de la planta nacional de amoníacoCaptura de video
Respaldo mayoritario y oposición en Ohuira
De acuerdo con la autoridad ambiental, el proceso incluyó 13 asambleas generales comunitarias y la participación de más de 2 mil 400 integrantes del pueblo Mayo-Yoreme.
La consulta se desarrolló en español y lengua mayo, con materiales informativos e intérpretes especializados, y abarcó 15 comunidades identificadas por el INPI dentro del área de influencia del proyecto.
Según los resultados oficiales, once comunidades expresaron su consentimiento para la realización de la obra, entre ellas San Miguel Zapotitlán, La Florida, Vallejo, Carrizo Grande, El Colorado, Mochicahui, Charay y Salsipuedes.
Las principales objeciones provinieron de comunidades asentadas directamente en la Bahía de Ohuira, particularmente Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones, cuyos habitantes han manifestado preocupaciones relacionadas con la actividad pesquera, la conservación de manglares, la biodiversidad y los posibles efectos acumulativos sobre el ecosistema.
La consulta concluyó el 18 de septiembre de 2022 y un día después la Semarnat emitió una nueva autorización ambiental condicionada al cumplimiento de diversas medidas de protección y mitigación.
Qué han dicho los tribunales sobre el proceso
La legalidad de la consulta indígena continuó siendo objeto de litigios posteriores.
De acuerdo con la información oficial, juzgados federales determinaron en noviembre de 2022 y febrero de 2023 que la autoridad ambiental cumplió con la sentencia emitida por la Suprema Corte.
Más adelante, en agosto de 2024 y abril de 2025, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito declaró infundados diversos recursos promovidos contra el procedimiento consultivo.
Estas resoluciones consolidaron la vigencia jurídica de la autorización ambiental emitida en septiembre de 2022, aunque no eliminaron el debate social que continúa presente en la región.
Inspecciones, denuncias y vigilancia ambiental
La Profepa informó que desde 2015 ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el proyecto y ha desarrollado inspecciones en materias como impacto ambiental, cambio de uso de suelo, vida silvestre y ocupación de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
En los casos donde fueron detectadas irregularidades, la autoridad aplicó medidas correctivas y procedimientos administrativos.
Actualmente permanecen abiertos diversos expedientes de seguimiento ambiental y continúan las verificaciones sobre el cumplimiento de las condicionantes impuestas en la autorización vigente.
Entre mayo y junio de 2025, inspectores federales realizaron nuevas visitas para revisar el estado de las obras y verificar el cumplimiento de los permisos otorgados.
Exigencias sobre pesca, manglares y biodiversidad
Más allá de los procesos legales, la discusión sigue centrada en los impactos ambientales y sociales percibidos por las comunidades.
Durante los últimos años, pescadores, cooperativas y representantes indígenas han sostenido reuniones con autoridades federales para exponer preocupaciones relacionadas con la conservación de manglares, la calidad del agua, la biodiversidad y el futuro de las actividades pesqueras.
Como parte de estos mecanismos de diálogo, una delegación de Semarnat, Profepa e INPI recorrió la Bahía de Ohuira en agosto de 2025 por instrucción de la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, quien ha mantenido seguimiento directo al tema.
Posteriormente, el 28 de mayo de 2026, funcionarios federales volvieron a reunirse con representantes de comunidades de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo para escuchar planteamientos y atender inquietudes relacionadas con el proyecto.
¿Cuál es la situación actual de la planta de amoniaco?
La autorización ambiental vigente es la emitida por la Semarnat en septiembre de 2022 tras la consulta indígena ordenada por la Suprema Corte.
El proyecto continúa sujeto a supervisión ambiental federal y al cumplimiento de diversas condicionantes técnicas y ambientales.
Asimismo, permanecen abiertos procedimientos relacionados con bienes nacionales y con la Zona Federal Marítimo Terrestre, en los cuales participan tanto comunidades como la empresa promovente.
La autoridad sostiene que continuará ejerciendo sus facultades de inspección y vigilancia para proteger los ecosistemas costeros y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
