A un año de la primera elección judicial en la historia de México, el nuevo modelo de designación de jueces enfrenta cuestionamientos internacionales, críticas académicas y dudas sobre su impacto en la independencia judicial.
Aunque organismos internacionales reconocieron la capacidad técnica del Instituto Nacional Electoral (INE) para sacar adelante unos comicios inéditos, la participación de apenas 13% del padrón dejó abierto el debate sobre la legitimidad social del nuevo Poder Judicial.
Durante el conversatorio Balance y proyección de la Reforma del Poder Judicial, especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de San Diego y la Universidad Autónoma de Baja California analizaron los resultados del proceso.
El investigador de la Universidad de San Diego, David Shirk, aseguró que “parte del problema en México es que nadie participó en la elección. Nadie participó. Entonces, los candidatos ganaron con 5% o 6% de la votación“.
Agregó que hubo un efecto de “fuerte dedazo judicial”, porque no solamente ganó Morena, sino que quienes fueron postulados por determinados actores tuvieron ventajas evidentes. “Creo que es muy obvio que por la falta de participación hubo una falta de legitimidad de esta elección”, concluyó.
Recomendación
En su informe de observación de 2025, la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó expresamente no replicar el modelo mexicano.
“La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”, señaló.
Durante la presentación del Informe Académico sobre la elección judicial elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los participantes señalaron que identificaron al menos 43 posibles violaciones constitucionales y convencionales que eventualmente podrían ser analizadas por instancias internacionales.
El exmagistrado del Tribunal Electoral, Jesús Orozco, recordó que la CIDH ya admitió a trámite una petición relacionada con la reforma judicial.
Acordeones y el voto inducido
Uno de los episodios más controvertidos fue la distribución masiva de “acordeones”, listas impresas y digitales con nombres de candidaturas sugeridas.
Aunque el Tribunal Electoral validó su existencia al considerar que no había pruebas suficientes para acreditar una operación ilegal coordinada, el fenómeno abrió un debate sobre la autenticidad del voto y el peso de las estructuras políticas territoriales en una elección que debía mantenerse alejada de los partidos.
Sergio López Ayllón sostuvo que “sobre todo hay a nivel de las altas cortes probada una anomalía que son los famosos acordeones que inducen el voto“.
Las cifras que presentó resultan ilustrativas: los candidatos a la Suprema Corte que aparecieron en los acordeones obtuvieron en promedio 4.3 millones de votos, mientras quienes contendieron por otros cargos sin figurar en esos materiales alcanzaron una media de 865 mil 600 sufragios.
Focos rojos
Otro de los puntos señalados por el Informe Académico del IIJ-UNAM fue la disminución en la productividad de la Suprema Corte respecto de la integración anterior.
José Antonio Caballero afirmó que “claramente la Corte está trabajando mucho menos, está procesando muchos menos asuntos de los que solía procesar”, y habló de una reducción del 2% en los casos resueltos entre el 5 de enero y el 27 de abril respecto de la integración previa.
También alertó sobre el funcionamiento del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial: “El Tribunal de Disciplina Judicial es el foco rojo”. Según expuso, dicho órgano ha suspendido a 43 personas, aunque la información pública disponible resulta “muy vaga y desigual”.
Reforma abierta
La consejera electoral Norma Irene de la Cruz destacó que el proceso dejó como principal enseñanza “una gran resiliencia institucional”. “Tuvimos muy poco tiempo hasta para digerir la reforma”, recordó.
Por su parte, el consejero Arturo Castillo consideró que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum atiende temas “urgentes”, mientras que Martín Faz, consejero electoral, calificó la reforma como “un avance”, al reconocer que incorpora un rediseño relevante frente a las dificultades operativas y normativas detectadas en la primera experiencia.
Asimismo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz, sostuvo recientemente que corresponde analizar “cómo garantizar que la legitimidad democrática conviva con la independencia, la imparcialidad y la solvencia técnica”.
A un año del primer experimento mexicano de elección popular de juzgadores, el balance muestra claroscuros: una autoridad electoral capaz de organizar una elección inédita en condiciones adversas, pero también una reforma que sigue bajo cuestionamiento académico e internacional.
Con la elección aplazada hasta 2028, autoridades y especialistas coinciden en que existe una oportunidad para corregir fallas.
