El subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, presentó este martes en la conferencia mañanera una serie de estadísticas que reencuadran el debate sobre el proceso de extradiciones entre México y Estados Unidos, y que evidencian una práctica bilateral que, según el funcionario, ha sido ignorada en el análisis público.
De acuerdo con los datos oficiales presentados, del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México formuló 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos. Hasta la fecha, ninguno ha sido concedido.
Los números detrás del proceso
De ese total de solicitudes:
- 36 fueron negadas de forma definitiva por las autoridades estadounidenses.
- 233 permanecen pendientes de concluir.
- De los casos pendientes, 183 corresponden a peticiones formales de extradición, que ya se tramitan ante instancias judiciales.
- Los 50 restantes son solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
El dato más revelador de la presentación fue el siguiente: en 47 de esas 50 solicitudes de detención provisional, el Gobierno de Estados Unidos requirió a México presentar información adicional antes de proceder.
Este miércoles 29 de abril, el embajador Ronald Johnson emitió el comunicado. (Crédito: Embajada Estadounidense)“No es algo que nunca haya ocurrido”
Velasco fue enfático al señalar que solicitar información complementaria en un proceso de extradición no es una práctica extraordinaria ni contraria al Tratado bilateral, sino todo lo contrario: es el estándar que ambos países han aplicado de manera recíproca durante años.
“Es una práctica común entre los dos países. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del Tratado, como han sugerido algunas personas”, afirmó el funcionario.
El fundamento legal de esta postura, explicó, se encuentra en los artículos 11 y 12 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que permiten a los gobiernos solicitar mayor información en cualquier fase del proceso. A esto se suma el artículo 17 de la Ley de Extradición mexicana, que exige acreditar dos elementos en toda petición de detención provisional: la expresión del delito y la existencia de una orden de aprehensión.
Las autoridades mexicanas han explicado que pedir documentación extra durante un proceso internacional es una práctica reconocida por ambos países, respaldada por tratados y marcos legales que han sido utilizados en procedimientos previos.Sheinbaum pone los números sobre la mesa: 8 años de solicitudes y Estados Unidos no ha entregado a nadie
Fue la propia presidenta quien remató la presentación con una pregunta que quedó flotando en la sala: ¿Por qué Estados Unidos no ha entregado a ninguno de los 269 solicitados por México? La mandataria enumeró los perfiles de los requeridos —factureros, exgobernadores, integrantes de la delincuencia organizada y vinculados al caso Ayotzinapa— para subrayar que no se trata de casos menores. Su conclusión fue contundente: México exige reciprocidad, el mismo estándar que Washington aplica cuando es el país solicitante.
El contexto: el caso Rocha Moya
La presentación de Velasco se enmarca en la polémica desatada tras la negativa de México a detener provisionalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante una solicitud estadounidense. El gobierno federal ha argumentado que la petición carecía de precisión suficiente en la descripción del delito, razón por la cual se solicitó información adicional, exactamente como EU ha procedido en 47 de las últimas 50 solicitudes mexicanas similares.
Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica presentarían públicamente los casos en que Washington negó o condicionó solicitudes mexicanas, argumentando que “las mismas reglas deben aplicar para todos”.
Los fiscales federales han consolidado tres averiguaciones relacionadas con secuestros, homicidios e irregularidades ocurridas en 2021, mientras mantiene su curso el seguimiento a los funcionarios que presuntamente participaron en estos hechos. (Infobae-Itzallana)Un proceso con tres instancias
Velasco también explicó los pasos del proceso de extradición:
- Verificación diplomática a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Análisis técnico-penal por parte de la Fiscalía General de la República.
- Revisión judicial ante el juez de distrito correspondiente.
El funcionario concluyó que la postura mexicana es “legal, recíproca y garante del debido proceso”, con pleno apego al derecho internacional y a la soberanía nacional.
