Según el informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUB), el crimen organizado en México ha dejado de ser un problema sectorial de seguridad para convertirse en un desafío sistémico y transnacional que disputa el monopolio de la coerción del Estado, distorsiona la representación política y limita las trayectorias del desarrollo humano.
Además, asevera, ejerce violencia directa, pues “estos grupos criminales se insertan en las comunidades y amplían su influencia sobre la gobernanza, la economía y la provisión de servicios informales. Tienen la capacidad de incidir en la formulación de políticas públicas y en la gestión pública debido a su capacidad de coerción sobre las autoridades electas.
Esta forma de gobernanza criminal les ha permitido diversificar y expandir sus fuentes de ingresos, así como ampliar sus operaciones a lo largo de toda la región. Financian campañas, controlan recursos y distorsionan elecciones”, según el informe dado a conocer ayer.
Naciones Unidas afirma que hay apoyo al gobierno en México.Foto: Especial.
El diagnóstico para México es el de un país que navega en una paradoja fascinante pero peligrosa, donde la confianza ciudadana hacia el gobierno ha escalado un notable 36% en años recientes, situándose muy por encima del promedio regional, mientras que los cimientos de su convivencia democrática crujen bajo el peso de la violencia y el incesante movimiento humano.
Panorama de impunidad funcional frente al delito de homicidio
El país presenta una de las tasas de homicidios más altas de la región en comparación con su nivel de ingresos, una cifra que refleja un panorama de impunidad funcional donde las instituciones de justicia luchan por recuperar terreno frente a estructuras criminales que, en ciertos territorios, han logrado desplazar a la autoridad formal, según el informe.
Documenta cómo el crimen organizado ha dejado de buscar sólo beneficios económicos para disputar directamente el poder político, interfiriendo en la selección de candidaturas y coaccionando el voto en distritos estratégicos.
Esta presión ha generado un entorno hostil para la deliberación pública, forzando el desplazamiento interno de periodistas y la creación de las llamadas zonas de silencio, donde el escrutinio social desaparece por miedo al crimen.
Foto: Especial.
Mujeres con voz pública enfrentan niveles críticos de agresión
La violencia política no sólo se vive en las calles, sino que se ha trasladado con ferocidad al entorno digital, donde las mujeres con voz pública enfrentan niveles críticos de agresión: se estima que 41% de las interacciones dirigidas a políticas, periodistas y activistas en redes sociales son violentas, un mecanismo de censura moderno que busca borrarlas de la esfera pública.
México se ha consolidado como el epicentro de una puerta giratoria migratoria sin precedentes. Ya no es sólo el gigante que inyecta recursos a su economía a través de las remesas, sino un Estado que enfrenta el reto titánico de gestionar el retorno forzado de aproximadamente 319 mil nacionales provenientes de EU en el último año.
Esta marea humana exige una coordinación administrativa exhaustiva para garantizar servicios de salud, documentación y empleo a quienes regresan.
Finalmente, la gestión migratoria interna se ha convertido en un polvorín social que alimenta discursos polarizantes dentro de las agendas electorales.
El informe revela que un 45.6% de los mexicanos percibe la llegada de inmigrantes como algo perjudicial para el país, un sentimiento que, aunque inferior al de otras naciones de la región, presiona a las instituciones para endurecer los controles fronterizos y pone a prueba la resiliencia de la cohesión social en México. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
