Sin el apartado que empalmaba la revocación de mandato con los comicios federales de 2026, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia electoral, denominada plan B.
A diferencia de lo sucedido en el Senado, donde a propuesta del Partido del Trabajo se eliminó el tema de la revocación del dictamen, en San Lázaro se reactivó el bloque oficialista en favor de la iniciativa presidencial que le pone límites a los gastos e integrantes de ayuntamientos y congresos locales.
Además del respaldo de las bancadas de Morena, PVEM y PT, el Plan B presidencial contó con los votos de los diputados de MC.
Movimiento Ciudadano no será un obstáculo para reducir privilegios y para reducir el derroche de los recursos públicos, pero tampoco seremos comparsas del juego de distractores que se vive en el pequeño mundo de la polarización política”, expuso el vicecoordinador de la bancada naranja, Pablo Vázquez Ahued.
Acción Nacional y PRI, sin embargo, mantuvieron su rechazo a la reforma, bajo el argumento de que debilita el federalismo, realiza cambios en los ayuntamientos indígenas sin haber consultado a los pueblos originarios y no afronta el problema de la infiltración del crimen organizado en las elecciones. Por ello, presentaron tres mociones suspensivas que no prosperaron.
Ahora continúa el debate de la presentación de 137 reservas, por conducto de 60 diputados, sin que se prevea que alguna de éstas prospere.
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