El Plan B de la reforma electoral enfrenta un nuevo riesgo: el no poder entrar en vigor para las elecciones intermedias del 6 de junio de 2027, luego de que los diputados federales iniciaron un “puente” de 12 días con motivo de la Semana Santa, lo que retrasará su aprobación en el Pleno de San Lázaro.
Ello acota aún más los tiempos para la aprobación de esta enmienda federal, pues luego de su aval por los diputados federales, la minuta pasará para su ratificación a los 32 congresos estatales, al tratarse de una reforma constitucional.
Una vez que la mitad más uno de los congresos locales, es decir al menos 17, aprueben los cambios legales, será cuando la reforma pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Adicionalmente, las modificaciones normativas del Plan B en la Carta Magna, tendrán que derivar en leyes locales en cada estado, a fin de reglamentar la reducción de cabildos y regidurías, entre otros puntos.
Para que pueda regir los comicios de 2027, el Plan B de la reforma electoral debe quedar aprobado en la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos locales a más tardar en mayo próximo, es decir, 90 días antes de que inicie el año electoral 2027, lo cual ocurrirá en la primera semana de septiembre de 2026.
El artículo 105 de la Constitución, en su fracción II, prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral.
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, detalla el texto constitucional.
VIACRUCIS DEL PLAN B
Después de que la primera reforma electoral de este sexenio fue desechada en San Lázaro a principios de marzo y luego de que el Plan B sólo fue aprobado parcialmente en el Senado, eliminando la consulta ciudadana concurrente de revocación de mandato para el 6 de junio de 2027, ahora esta enmienda constitucional deberá superar el viacrucis.
A la medianoche del pasado 25 de marzo, el pleno del Senado avaló un Plan B recortado y remitió esta minuta el jueves pasado a la Cámara de Diputados, como cámara revisora.
En la madrugada del jueves, la Mesa Directiva de San Lázaro, que preside la panista Kenia López Rabadán, anunció que recibió la minuta y la turnó de inmediato a comisiones.
Sin embargo, ese mismo día, los legisladores de San Lázaro iniciaron un puente vacacional de 12 días con motivo de la Semana Santa, el Viacrucis y la Pascua, por lo que regresarán a sesiones plenarias hasta el 7 de abril.
Entonces, el Plan B de la reforma electoral deberá esperar hasta la segunda o tercera semana de abril para que suba al pleno de la Cámara de Diputados y, de ser aprobado, será turnado a los congresos de los estados.
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PLAN B LIGHT
El Plan B quedó acotado, al eliminarse en el Senado el apartado de revocación de mandato presidencial y sólo modificó tres artículos constitucionales y el régimen transitorio.
En la modificación constitucional del artículo 115, se establece que los ayuntamientos contarán con “una sindicatura y hasta 15 regidurías”, mientras que el artículo 116 estipula que los recursos destinados a los Congresos locales no excedan 0.70% del presupuesto de egresos estatal.
A su vez, con los cambios al artículo 134 se acotan las remuneraciones magistrados electorales y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes no podrán ganar más que el Presidente de la República.
Asimismo, se reducirá en 15% el presupuesto al Senado, a partir del ejercicio fiscal de 2027 y hasta 2030, equivalente a 765 millones de pesos.
EL CASO:
Fecha límite: debe quedar aprobada en mayo de 2026 (90 días antes del inicio del año electoral) para poder aplicarse en los comicios de 2027.
Ruta crítica: requiere el aval de la Cámara de Diputados y la ratificación de, al menos, 17 congresos estatales.
Tope salarial: consejeros del INE y magistrados electorales no podrán ganar más que el Presidente de la República.
Tijeretazo presupuestal: reducción del 15% al presupuesto del Senado (765 mdp) y tope de 0.70% del presupuesto estatal para congresos locales.
Gobiernos locales: los ayuntamientos tendrán una sindicatura y un máximo de 15 regidurías.
Riesgo actual: el “puente” de 12 días por Semana Santa de los diputados retrasa la discusión y acota los tiempos legales de aprobación. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
