La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, acusó un “nado sincronizado” de presuntos periodistas de la derecha, quienes han buscado evitar que presida el Máximo Tribunal pese a que fue la segunda persona más votada en la pasada elección judicial.
“Periodistas de la derecha, en nado sincronizado, afirman que constituyo un peligro para la inversión privada y, en ánimo golpista, llaman a evitar que presida la Corte”, señaló la autoproclamada “ministra del Pueblo” en sus redes sociales.
En ese sentido, aseguró que su obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Por eso, respeto, protejo y aliento la inversión económica. Las normas que regulan su funcionamiento dan certidumbre jurídica”, agregó.
Batres Guadarrama defendió su eventual relevo en la presidencia de la Suprema Corte, debido a que tras la reforma judicial se presidirá el Alto Tribunal en orden de votación, acción que calificó como “mandato popular” con una Constitución que “es muy clara”.
De acuerdo con la pasada modificación legislativa en materia judicial, la SCJN se compondrá siempre de nueve integrantes; además, la presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función de los votos obtenidos por candidatura.
Actualmente, Hugo Aguilar Ortiz es el ministro presidente de la Suprema Corte y estará en el cargo hasta el año 2027. Posteriormente, seguiría “la ministra del Pueblo” hasta 2029 y luego Yasmín Esquivel Mossa, en un periodo de 2029 a 2031.
El periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Mario Maldonado, advirtió en su columna “El riesgo de Lenia Batres para los inversionistas” que la togada se ha construido una imagen pública de confrontación abierta con el sector privado.
“Su discurso político, cercano al ala más radical de Morena, ha sido abiertamente crítico del capitalismo, de los grandes corporativos y del modelo económico basado en la inversión privada”, alertó.
En ese tenor, alertó que ese perfil ideológico “más político que jurídico” preocupa a empresarios e inversionistas, quienes ven con incertidumbre el relevo en la presidencia de la Suprema Corte en septiembre de 2027.
