CUERNAVACA, Mor.– Jubilarse a los 35 años y asegurar de por vida un ingreso mensual, que la mayoría de los trabajadores no percibe ni en activo, es un sueño que pocos pueden disfrutar. Sólo familiares, allegados o recomendados de algún personaje con poder pueden acceder en cuestión de días a una jubilación jugosa en el último tramo de su servicio público.
Ese privilegio dorado se encuentra en Morelos donde no es una excepción, es un sistema que tiene nombre y opera en silencio: las jubilaciones VIP, que cada año dejan al Estado con menos recursos para obra pública y salud.
Trabajadores de base, como policías, burócratas y personal operativo, pasan años en trámites interminables, pagan abogados de su bolsillo –muchos de estos, ligados a cuestionables despachos– y terminan con pensiones raquíticas que apenas permiten sobrevivir.
Sin embargo, entre las excepciones están casos como el de Diana Hernández Reyes, a quien a los 35 años le “llegó la oportunidad” de jubilarse, tras presuntamente acreditar 21 años de servicio en el sector público, la mayoría de ese tiempo en el Poder Legislativo, aparentemente iniciados a los 16 años, cuando aún era menor de edad.
La resolución le concedió una pensión vitalicia de 65% de su último salario: 21 mil 847 pesos mensuales, actualizables conforme al salario mínimo y transferibles a su cónyuge.
Al aprobarse la jubilación, su pareja, César Betancourt, ya ocupaba el cargo de secretario de Servicios Legislativos, que mantiene hasta hoy.
Otro ejemplo es de Anahí Bahena López, ella se jubiló en agosto de 2018, a los 37 años, como directora general de Consultoría en Asuntos Administrativos del Poder Ejecutivo, cargo que ocupó 19 meses; su trámite se resolvió en 41 días, cuando su esposo, Ángel Colín, era secretario de Gobierno de Graco Ramírez. Para acreditar 20 años de servicio reportó un empleo en el ayuntamiento de Ayala iniciado en 1998, cuando tenía 16 años, y obtuvo una jubilación de 60% de su salario: 42 mil 704 pesos mensuales. En noviembre de 2023 Bahena fue designada magistrada del Tribunal Superior de Justicia, con un sueldo neto de 100 mil pesos. La reforma judicial podría permitirle un retiro anticipado con haber vitalicio del mismo monto. Ella ahora tiene 44 años.
Situación contraria es la de Lidia “N”, policía de custodia asesinada el 2 de octubre de 2018. Sus dos hijos, Jesús y Adolfo, ambos menores de edad, pudieron acceder a la pensión por orfandad el 21 de diciembre de 2022, cuatro años después del asesinato. Con 50% del sueldo de Lidia apenas reciben dos mil 690 pesos al mes cada uno para su manutención.
Las jubilaciones expuestas están registradas en los decretos 1197 (30 de agosto de 2023) y 3424 (15 de agosto de 2018), publicados en el periódico oficial Tierra y Libertad; el caso de Lidia se omite para proteger datos de los menores de edad.
Legalización de privilegios
Mientras el IMSS exige 65 años para pensionarse, en Morelos la Ley del Servicio Civil permite jubilaciones anticipadas –como las de Diana– sin edad mínima y sólo por años de servicio…
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0032 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
