La propuesta legislativa, presentada con la ponencia del legislador e impulsada por las diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de la “Alianza Coahuila”, plantea que esta conducta pueda ser sancionada cuando sea cometida por el padre o la madre, independientemente de que exista o no matrimonio entre ellos.
Actualmente, el Código Penal establece esta sanción únicamente cuando el responsable es el cónyuge, lo que limita su aplicación ante la diversidad de estructuras familiares que existen en la actualidad.
En su exposición de motivos, el diputado destacó que el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia es un derecho humano reconocido en la Constitución y en diversos tratados internacionales, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su protección.
“La familia es el espacio fundamental para el desarrollo integral de las niñas y los niños, por lo que cualquier acción que los coloque en medio de conflictos entre los adultos representa un daño emocional y psicológico que puede afectar su desarrollo”, señaló.
La iniciativa reconoce que, en muchos casos de separaciones o rupturas de pareja, se presentan conductas como la sustracción, retención u ocultamiento de hijas o hijos con el propósito de presionar o manipular al otro progenitor, lo cual vulnera el interés superior de la niñez.
Por ello, la propuesta plantea armonizar la legislación estatal con los principios constitucionales de igualdad, interés superior de la niñez y protección integral de la familia, ampliando el alcance del tipo penal para que pueda aplicarse sin depender del estado civil de los padres.
De aprobarse la reforma, se establecería una sanción de dos a seis años de prisión y de 100 a 500 días de multa para el padre o la madre que sustraiga, retenga u oculte a un hijo o hija menor de edad con la intención de obligar al otro progenitor a dar, hacer o dejar de hacer algo.
Asimismo, se contempla una reducción de la pena en caso de que la persona responsable devuelva voluntariamente al menor dentro de las 24 horas posteriores a la comisión del delito.
Con esta iniciativa, el legislador subrayó que el Congreso del Estado busca fortalecer el marco jurídico para proteger a la niñez y garantizar su derecho a crecer en un entorno familiar seguro, libre de conflictos y de cualquier forma de violencia.
