La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea que, a partir de septiembre, los bancos comiencen a reportarle al INE los movimientos financieros de los partidos políticos, tanto nacionales como locales, así como de todas las personas que busquen un cargo de elección popular, ya sean precandidatas, candidatas o independientes, para detectar movimientos inusuales de dinero.
La iniciativa con proyecto de decreto que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados para reformar 11 artículos en materia electoral incluye como base del fortalecimiento de la fiscalización, el rastreo de dinero ilícito en campañas mediante una nueva relación entre la autoridad electoral con las instituciones financieras y las autoridades responsables.
El INE solicitó en su propuesta de reforma electoral mejorar la colaboración, haciendo obligatorio que autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorguen a la autoridad electoral la información requerida para los procesos de fiscalización al detectar irregularidades en el reporte de ingresos y egresos durante las campañas.
La propuesta de la Presidenta va más allá y plantea no sólo este intercambio de información, sino que todos los involucrados en cargos de elección popular estén sujetos a revisión, y las instituciones financieras envíen reportes directos al INE en cuanto inicie el proceso electoral que es en el septiembre previo a la jornada electoral.
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Primero, en el artículo 41 propone que tanto autoridades de seguridad como fiscalías y la Unidad de Inteligencia Financiera deberán colaborar cuando así lo solicite el INE.
“Las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de las candidaturas, que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso electoral”.
Ésta fue una petición del INE por casos como Odebrecht o las denuncias de desvíos entre la Secretaría de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Chihuahua con César Duarte para financiar campañas, que la autoridad electoral tuvo que cerrar por negativas de la Fiscalía General de la República para entregar información.
La UIF podría revisar de manera inmediata irregularidades en las campañas. (Foto: Jesús Quintanar)
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Por lo que la iniciativa de la Presidenta incluso faculta al INE para recibir estos reportes.
INE y SHCP deberían acelerar cambios; sería aplicable desde septiembre
El cuarto transitorio plantea sólo unos meses para que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el INE ajusten los mecanismos necesarios para este nuevo modelo de intercambio de información, pues sería aplicable desde el inicio del proceso electoral 2026-2027 en septiembre próximo.
“A partir del 1 de septiembre de 2026 las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero y las personas que realizan actividades vulnerables iniciarán el envío cotidiano de reportes o avisos de operaciones de partidos políticos nacionales y locales, personas candidatas y precandidatas a cargos de elección popular, incluyendo independientes, postulados en las elecciones federales, estatales, municipales y en la Ciudad de México, al INE por conducto de los respectivos órganos supervisores.
“Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adecuará las reglas y disposiciones de carácter general a más tardar el 1 de agosto de 2026”.
Es decir, que, de aprobarse, quienes participen en la próxima elección federal intermedia, aspirantes a las 17 gubernaturas, a la Cámara de Diputados y a todos los ayuntamientos y congresos locales que se renovarán, estarán sujetos a nuevo sistema de rastreo. Lo que incluiría también a la próxima elección judicial ya sea que se realice en 2027 o en 2028.
Reiteran: prohibido efectivo y dinero ilícito
Aunque la ley ya tiene restricciones para el manejo de efectivo en campañas, la propuesta busca fortaleciendo prohibiendo aportaciones en efectivo y trasladando todo el manejo de recursos al sistema financiero.
También establece que “Queda prohibido a los partidos políticos, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas” y que las consecuencias quedarán establecidas en las leyes secundarias.
Sobre las aportaciones, la modificación al artículo 41 incluye que “las aportaciones de recursos monetarios deberán realizarse a través del sistema financiero nacional, mediante transferencia electrónica, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios o instrumentos financieros normativos; estas aportaciones no serán deducibles para efectos fiscales.
“Las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero nacional deberán aportar para fines de fiscalización estas transacciones al INE a través de los órganos reguladores en los términos que fije la ley”.
Y advierte que las aportaciones en especie también serán cuantificadas y rastreadas.
La propuesta busca fortaleciendo prohibiendo aportaciones en efectivo. (Foto: Javier Ríos)
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Información debe ser confidencial
El mismo artículo 41, el de mayores cambios en la propuesta presidencial, detalla obligaciones del INE con el manejo de esta información, como que debe ser manejada como confidencial, sólo en periodos electorales y para uso exclusivo de fiscalización.
“Los ingresos, egresos y demás operaciones financieras, incluyendo valores, divisas, activos virtuales, así como de crédito, seguros y finanzas, la compra o venta de bienes y demás activos de los partidos políticos nacionales y locales, de las personas precandidatas y candidatas incluyendo a las independientes, deberán ser reportados o avisados cotidianamente, en exclusivo con fines de fiscalización, por las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero o por las personas que realizan actividades vulnerables, según corresponda, al INE a través de los respectivos órganos supervisores, en los términos que establecen las leyes.
“Los reportes y avisos de las operaciones de las personas precandidatas y candidatas sólo comprenderán los periodos de precampaña y campaña.
“La información recabada por el instituto tendrá carácter confidencial y será reservada sólo para uso de los procedimientos legales de fiscalización y sin que su alcance abarque los registros de candidaturas”.
Con esta información, la Unidad Técnica de Fiscalización podría revisar de manera inmediata irregularidades en las campañas, por ejemplo, cuando detecten en campo propaganda o eventos masivos que no coincidan con el financiamiento público que reciben, y puedan contrastarlo con depósitos inusuales.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, en días anteriores, que la idea era que con estos movimientos, el INE pudiera detectar posible flujo de dinero ilícito y dictar medidas cautelares como el retiro de financiamiento a esas campañas, aunque estas especificaciones no están incluidas en los cambios constitucionales enviados este miércoles.
https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-bancos-enviarian-movimientos-partidos-candidatos-ine
